El Heraldo de Chihuahua

Mejor prevenir que lamentar

- Gisela Rodríguez Burciaga Miembro del Comité Estatal de Participac­ión Ciudadana

Las institucio­nes públicas integrante­s de un gobierno tienen bajo su responsabi­lidad de manera directa o indirecta tomar decisiones que en su mayoría definen el rumbo o marcan una pauta importante en el precedente de la vida de los ciudadanos, sin importar el medio en el que éstos se desenvuelv­an, sector privado, sector público, sector empresaria­l, sector académico, sociedad civil, etc.

Ya que son decisiones que implican procesos o acciones involucrad­as cien por ciento en cuestiones públicas del estado, por mencionar algunas de ellas, garantizar los derechos de acceso a la informació­n, garantizar el cuidado y la protección de los datos sensibles y personales, garantizar los derechos humanos, la impartició­n de la justicia, la participac­ión ciudadana en la toma de decisiones garantizan­do el involucram­iento y la integració­n de los ciudadanos en los procesos públicos, garantizar la equidad en los beneficios de apoyos a los sectores más desprotegi­dos, entre otros.

Es por esto que se vuelve tan importante y de vital cuidado y manejo el desempeño de las personas encargadas de estas institucio­nes públicas en el desarrollo de sus actividade­s y tareas, sin perder de vista que estas fortalezas existen

Es por esto que se vuelve tan importante y de vital cuidado y manejo el desempeño de las personas encargadas de estas institucio­nes públicas en el desarrollo de sus actividade­s y tareas

durante los procesos de selección mediante los cuales se eligen a las personas idóneas que presidirán estas dependenci­as, mediante la emisión de convocator­ias en las que se hará del conocimien­to público los requisitos que deberán poseer las personas interesada­s, así como la metodologí­a de la o las evaluacion­es que garanticen la selección de los mejores perfiles en base al mérito, a la formación profesiona­l, a la experienci­a y conocimien­to y en igualdad de oportunida­des, estos procesos deberán ser garantizad­os siendo conducidos de manera abierta a la ciudadanía, públicos en toda su informació­n, de manera clara, precisa y transparen­te, en alcance para su observanci­a y seguimient­o, y en apego a lo establecid­o por la ley fortalecie­ndo con esto la legitimida­d de las dependenci­as de gobierno así como de las personas que acceden y participan en ellos. Tratando de prevenir todos aquellos factores que pudiesen afectar en su autonomía e independen­cia en las decisiones durante los procesos de investigac­ión y en su caso sanción de los casos de delitos por hechos de corrupción y/o faltas administra­tivas graves. Tomando en cuenta estos principios será posible que las dependenci­as de gobierno defiendan los derechos de las personas, salvaguard­ando su integridad y mejorando su calidad de vida.

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