Deseos frustrados de muchas familias
EL ESPECTADOR
Un cable de Estados Unidos, fechado en febrero del año 2020, dice que el presidente de México,
ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos humanos en su administración, lanzando numerosas iniciativas, como la reapertura de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
La administración, indica el documento, también dio pasos para fomentar el respeto de los derechos humanos en la Guardia Nacional.
Sin embargo, México tiene dificultades para concretar progresos en el combate de otros graves problemas.
Los Estados y el Gobierno federal, dice el cable de Estados Unidos que se elaboró en su embajada de Reforma, continúan fallando al combatir el uso de la tortura, y México es uno de los países más peligrosos para los activistas y periodistas.
Recuerdan los estadounidenses en México a sus colegas en el extranjero que cuando tomó la oficina, es decir, cuando asumió la presidencia, priorizó la localización e identificación de personas desaparecidas, en ese entonces superaba las 40 mil, y dijo que su gobierno no tendría techo financiero para cumplir con esa misión.
Era el año 2020 y se notaba una inversión en la localización de desaparecidos de más de 38 millones de dólares, un 80 por ciento más que en 2019.
El gobierno anunciaba un plan para la búsqueda y una estrategia forense.
Los Estados también avanzaban estableciendo comisiones de búsqueda.
Las iniciativas apenas estaban en sus fases iniciales, pero Estados Unidos decía que ya mostraban resultados. Las autoridades habían localizado 873 fosas clandestinas con mil 124 cuerpos en los primeros 13 meses de la 4T.
En enero del 2020, anotan desde la embajada de Estados Unidos, se actualizan los números y se anuncian 61 mil 637 desaparecidos en el país. Este dato, explicaron, es importante, porque es un paso a la precisión y transparencia de la información que ofrece el gobierno. Pero también subraya el enorme problema al que se enfrenta.
Las familias de los desaparecidos, informan los estadounidenses a sus superiores, aprecian que el gobierno ponga más atención en este problema, pero expresan frustración porque no ven soluciones cercanas.
Cuando tomó la oficina, agregan los observadores de la embajada de Estados Unidos, dijo que nunca más habría represión ni tortura en México. En 2019, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió al menos 240 quejas por tratos inhumanos y 103 por tortura acusando a oficiales de gobierno.
Otra observación que llegó a Washington para entrar en contexto: En un movimiento controversial, dicen, y en medio de alegatos de fraude, el Senado eligió a una aliada de como ombudsman. La sociedad civil y los académicos ven este movimiento como un intento del presidente para tener influencia en la institución.
La magnitud de los retos en el campo de los derechos humanos en México es inmensa, advierte Estados Unidos en su reporte del inicio de la administración.
Poco ha cambiado con el paso del tiempo, a pesar de las promesas. Este reporte sigue vigente en las oficinas de los estadounidenses que se preguntan qué pasa en México con los desaparecidos, los Derechos Humanos y la estrategia de comunicación oficial.