Lamentan aval para militarizar el país
Existe una sentencia que asienta que la participación de las fuerzas debe ser extraordinaria y restringida a lo necesario, reiteran
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres lamentó la decisión de los senadores en México al aprobar la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asienta que el orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a los cuerpos policiales civiles.
La organización incluso envió una carta a los senadores de la República exponiendo que Chihuahua ha sido un estado que ha sufrido las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma. Ante ello exigieron políticas de seguridad ciudadana que se atenga a los estándares internacionales.
Desde la década de los 70 se cometieron graves violaciones de derechos humanos por parte de militares y ello se acrecentó con la implementación, en marzo de 2008, del Operativo Conjunto Chihuahua.
Precisamente a partir de esa estrategia de seguridad militarizada, en la que fácticamente el mando de la misma le correspondía a las Fuerzas Armadas, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en el caso Alvarado Espinoza y Otros contra México. Este caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en diciembre de 2009. Desde entonces, se desconoce su paradero y los responsables no
La Corte Interamericana resolvió que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles
han sido identificados ni sancionados.
La resolución de la Corte Interamericana, de 28 de noviembre de 2018, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada, la impunidad, las amenazas a las familias y el desplazamiento forzado de varias de ellas, algunas de las cuales nunca han vuelto a sus casas. Por ello, el más alto tribunal de derechos humanos del continente determinó que México debe localizar a las víctimas, investigar los hechos, brindar atención psicológica a las familias, publicar la sentencia, fortalecer un “registro único y actualizado de personas desaparecidas” con información desagregada, pedir disculpas públicas, capacitar a las Fuerzas Armadas y pagar una indemnización a las víctimas. Ninguna de esas medidas se ha cumplido en su totalidad.
La Corte Interamericana resolvió que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles.