Víctimas del 15-S aún esperan justicia
María de Jesús Vázquez no entró al padrón de perjudicados hasta el pasado 2 de septiembre
MARÍA DE JESÚS VÁZQUEZ VÍCTIMA DEL GRANADAZO “Nos han traído como pelotas, de un lado a otro, porque dicen que es un asunto de la Federación”
Los granadazos del 15 de septiembre de 2008 mataron a ocho personas y dejaron 130 heridas
MORELIA. María de Jesús Vázquez sabe que la paciencia es su principal virtud. Desde aquella noche del 15 de septiembre de 2008, cuando granadas de fragmentación le arrancaron una pierna en el Centro de Morelia, ha esperado a que se le reconozca como víctima en instancias federales, un camino que está a punto de llegar a su fin tras una resolución judicial. En entrevista no duda en afirmar: “Si ya me aguanté 14 años, que no pueda esperar unos meses más”.
El pasado 2 de septiembre, Marichuy, como se le conoce, fue incluida en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) tras la resolución del expediente CEAV/ CIE/0298/2021 donde se ordena que se le brinde una reparación del daño.
Además de las lesiones físicas, esta mujer tuvo que enfrentar el desaseo de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, pues omitieron su nombre en un primer padrón de perjudicados, y comenzó un largo camino que se empantanó en la Federación, cuyos organismos se negaban a brindarle lo que por ley le corresponde.
En 2018 un grupo de damnificados se organizó para que se les reconociera como víctimas, pero un juez de procesos penales federales emitió una resolución negativa, anteponiendo la documentación incompleta de la Procuraduría.
En el caso de María de Jesús, a través de su abogada, Reyna Velasco, promovió un amparo y obtuvo el apoyo de la actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, quien se comprometió a revisar todos los expedientes, algo que contribuyó para la resolución que ya es incontrovertible. El proceso administrativo para que acceda a la reparación del daño no será tan ágil como ella desearía. Debe esperar a que se le asigne su número de Renavi y entonces solicitar el inicio de Procedimiento de Compensación Subsidiaria con un monto que se calcula con base en circunstancias personales como el ingreso que percibía antes del atentado, qué tipo de trabajos ya no puede realizar, a qué se ha dedicado en este lapso, cómo le ha afectado en su salud mental y cuántos gastos ha tenido para atenderse.
Si bien la CEAV tiene un plazo de cuatro meses para definir la cantidad de dinero que debe otorgar a la víctima, en la realidad se podría extender más, como ha sucedido con otros casos que se retrasan hasta por dos años. “Esperamos que no lleguen a ese extremo, pero si la comisionada cumple con su compromiso, se podría concretar en unos 12 meses”, afirmó Velasco.
Marichuy recuerda que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas le ha escamoteado los apoyos en casi tres lustros. “Nos han traído como pelotas, de un lado a otro, porque dicen que es un asunto de la Federación”.
Existe otro grupo de 12 personas agredidas el 15 de septiembre que esperan se concrete una reparación del daño. También representadas por Velasco, estas afectadas presentaron un amparo colectivo porque ya habían sido reconocidas como víctimas en 2020, pero la CEAV federal interpuso un recurso de revisión que le fue desfavorable desde finales de marzo pasado. Ahora también deben de ser pacientes para que la justicia se concrete.
La administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha prometido reabrir la revisión de los casos, en especial de aquellos que no han sido reconocidos como víctimas y que por consecuencia no forman parte del padrón de beneficios.