¿Justicia digital o justicia selectiva?
La procuración de justicia es sin duda un elemento indispensable en un Estado de Derecho. La facilidad y accesibilidad para alcanzarla depende del óptimo desempeño de todo el aparato judicial, por ello cobra relevancia la justicia digital, la cual usa las tecnologías de información y comunicación (TIC) para realizar procesos jurídicos.
Sin embargo, debemos considerar primero la accesibilidad, de lo contrario, anunciar con bombo y platillo la instalación de cabinas para realizar un par de trámites es engañar a la ciudadanía y es hacer que la justicia digital sea una justicia selectiva. De acuerdo con un informe de México Evalúa, en 2019 sólo 18 poderes judiciales locales contaban con un expediente electrónico, a junio de 2021 eran ya 24 los poderes judiciales que contaban con esta herramienta y dos más lo estaban desarrollando; en 2019 sólo ocho poderes judiciales contaban con una plataforma para la presentación de demandas y/o promociones en línea, mientras que para 2021 ya eran 16, es decir, la adopción y uso de herramientas tecnológicas ha sido desigual en los poderes judiciales en las últimas décadas. Esta aceleración se debió a la crisis sanitaria, pues la justicia digital se mostró como una alternativa viable
que permitió continuar con los procesos judiciales ante el cierre de la gran mayoría de los juzgados del país, el problema es que no todos los estados le tomaron la importancia debida. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del INEGI, de los 28.1 millones de delitos reportados en 2021, sólo el 10.1% fue denunciado ante el Ministro Público o la Fiscalía estatal.
La cifra negra corresponde a 93.2% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo, con 33.5% y desconfianza en la autoridad, con 14.8%.
Estos números no son nuevos, la cifra negra es brutal. De ahí la importancia que entidades como CDMX, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila le dieron a la justicia digital. Sin embargo, Chihuahua aún está muy atrás en el tema. De entrada, aún no ha implementado la firma electrónica avanzada, que es indispensable para dar certeza a los procesos como mecanismo de identificación, además de que sin ella no es posible realizar una demanda a través de esta vía y, por tanto, tampoco puede realizar juicios en línea. La justicia digital tiene un gran potencial para transformar los sistemas de justicia, reducir costos y eficientar procesos, y eso conlleva un presupuesto y una planeación estratégica, evaluación, capacitación, infraestructura, ciberseguridad.
El anuncio de la Fiscalía General del Estado, acerca de la “implementación de la justicia digital”, por la colocación de cabinas, no es justicia digital, tampoco lo es la colocación de cabinas de atención digital en aquellos municipios más alejados de las manchas urbanas. Antes de todo ella se requiere invertir en infraestructura y tener una planeación estratégica que permita primero contar con una cobertura a internet, al menos en donde se piensan poner las estaciones en donde más se requieran, por ejemplo, en municipios de la sierra en donde los traslados simplemente son impensables. Es ahí donde la justicia digital más se requiere, ya que ubicarla sólo en Chihuahua capital o en Ciudad Juárez estaríamos hablando más bien de una justicia selectiva.