Blindan a AMLO en visitas al Tren Maya
Una “agenda de riesgos” fue elaborada por la Defensa contra manifestaciones de tipo “social-delincuencial”
El Ejército estableció distintas “líneas de acción” en los puntos donde tuvo actividades el jefe del Ejecutivo federal
RIVELINO RUEDA
CDMX. Para evitar cualquier manifestación de descontento social en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la construcción del Tren Maya en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró una “agenda de riesgos” para cerrarle el paso a cualquier “eventualidad de tipo social-delincuencial”, de acuerdo con documentos filtrados por el grupo Guacamaya.
Ayer, publicó que el Ejército teme un levantamiento social por parte del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) en oposición a las megaobras del presidente.
De acuerdo con un documento confidencial que fue enviado por la Sedena al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), y que forma parte de los miles de correos electrónicos que fueron sustraídos al Ejército en el ataque cibernético de la organización Guacamaya, López Obrador tiene un blindaje especial en estas giras de supervisión a las regiones donde se construye el Tren Maya.
En las últimas giras del mandatario por esa región (agosto y septiembre), el Ejército implementó distintas “líneas de acción” en los puntos donde tuvo actividades el jefe del Ejecutivo federal que comprendieron “seguimiento al activismo político y social de la región” y la “identificación de líderes de manifestaciones sociales, capacidades y poder de convocatoria con el propósito de detectar posibles bloqueos”.
Por ejemplo, en las “agendas de riesgo” que presenta este documento, la institución castrense que encabeza el general Luis Cresencio Sandoval instruye a las Zonas Militares de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que “establezcan comunicación con las diferentes dependencias de los gobiernos estatales” durante los recorridos del presidente.
Ello con el propósito de “coordinar y prevenir cualquier eventualidad de tipo social-delincuencial que se pudiera presentar en el área donde el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos desarrollará sus actividades”.
Por ejemplo, en la gira que realizó López Obrador entre el 2 y el 3 de septiembre por Quintana Roo el Ejército advierte como “punto crítico de riesgo” el “arribo de integrantes de diversas organizaciones sociales (en Cancún) como volqueteros, redes feministas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como de habitantes, con el fin de expresar sus demandas, principalmente de seguridad”.
Desde siempre el Ejército ha sido reacio a la exposición pública de su vida interna. Hasta la década de los años noventa la secrecía era norma regulada en distintos niveles, esto hacía que poco se conociera de lo que pasaba al interior de los cuarteles. El fin de siglo y la alternancia política abrió una rendija (Ley de Acceso a la Información, Archivos) pero resultó insuficiente, las presiones políticas traducidas en regulaciones excesivas hicieron que al paso del tiempo la apertura se redujera.
En el último medio siglo los secretos militares más relevantes que se han documentado públicamente son: los intentos frustrados de rebeliones (1961); infiltración de células trotskistas (1966); choques con el Estado Mayor Presidencial por la matanza de Tlatelolco (1968); disidencias de alto nivel contra la política presidencial conocida como Guerra Sucia (1974); cohabitación con jefes del tráfico de drogas (1977-1985); presencia de guerrilla en Chiapas (1991-1992), vínculos de generales, jefes y oficiales con el narco (1997). Y a partir de juicios penales ventilados en Consejo de Guerra, la infiltración del narco en las altas esferas castrenses.
El resultado de este periodo fue que la sociedad civil empezó a desacralizar la “imagen impoluta” de las fuerzas armadas. Sobre todo por la participación castrense en un proceso de militarización organizativo, operativo y de adoctrinamiento en policías civiles. El resultado fue mayor inseguridad, índices delictivos desbordados y violación de derechos humanos.
Hasta hace un año era improbable que la Defensa Nacional fuera vulnerada en sus sistemas por un hackeo. La fragilidad de su seguridad cibernética, señalada en febrero pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue reventada por un colectivo autodenominado Guacamaya, autor del golpe más demoledor y expansivo del que se tiene registro en la historia reciente del Ejército a la estructura administrativa de la secretaría de la Defensa Nacional.
A la guerra cibernética se le conoce como la cuarta dimensión de las operaciones especiales, apenas en 2014 la Sedena inauguró un comando central en el Campo Militar número uno. Las guerras contemporáneas son híbridas, los campos de batalla son diversos y las victorias no solo implican conquista de territorios o derrotas armadas, ahora va por delante la vulneración de los sistemas de seguridad e información. La gravedad del ataque obliga a explicar que en términos militares la información sustraída implica todo “dato, relacionado con algún dicho, hecho, documento, fenómeno, persona o situación en general que ha sido evaluado o analizado y que tiene interés potencial como materia prima para producir inteligencia”.
En las siguientes semanas y meses el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) podría verse sacudido por una serie de revelaciones que expondrán sus métodos de trabajo, sus fuentes de información abiertas y cerradas, su mentalidad castrense que ve las situaciones en blanco y negro, amigo o enemigo, a favor o en contra. La sección segunda conocida como S-2, inteligencia militar, del EMDN, quedará desnuda.
Y la sociedad conocerá qué tan efectivo es el Ejército frente a la crisis de seguridad interior que vulnera la seguridad del Estado.
Golpe a la S-2 (inteligencia militar)