¿Seguiremos rehenes de la violencia y la inseguridad?
CHAVA CARREJO
Desde la Coparmex vemos con preocupación los recientes procesos legislativos en relación con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Nuestra postura ha sido clara desde el inicio del debate: No estamos de acuerdo con ambos temas, y es preciso aclarar que nuestro posicionamiento no responde a tener desconfianza de nuestras instituciones castrenses, por lo contrario, reconocemos que el Ejército y la Marina son de las instituciones con mayor credibilidad y gozan de la confianza de gran parte de la sociedad mexicana.
Nuestro punto de desacuerdo consiste en la naturaleza y mandato que tienen nuestras fuerzas armadas, que es la defensa de la soberanía nacional, no así de la seguridad pública. El adiestramiento que nuestros soldados reciben no es el adecuado para desempeñar esas funciones.
Pero al margen del asunto, es de mayor preocupación el proceso legislativo del que hemos sido testigos. Por un lado, una Cámara de Diputados que obedece ciegamente las instrucciones del titular del Ejecutivo, incluso ante una clara inconstitucionalidad en sus decisiones, y un Senado con un bloque opositor cada vez más minado.
Preocupa por las consecuencias que pudieran desprenderse de estas aprobaciones, pero también por futuras reformas en las cuales nuevamente se vean doblegados por el grupo en el poder, y en temas tan relevantes como la reforma electoral.
En este tema, desde el principio, hemos sido claros: De aprobarse la reforma electoral en los términos que propone el Presidente, representaría un grave retroceso en nuestra democracia, incluso pone en riesgo varias de las libertades que hoy gozamos los mexicanos.
Regresando al tema de la participación del Ejército a las tareas de seguridad pública, reiteramos el llamado a los legisladores de oposición para que, en cumplimiento de sus atribuciones, integren y presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, para que sea el Poder Judicial quien haga respetar el Estado de Derecho.
Los mexicanos no merecemos ser rehenes de la violencia e inseguridad que impera en nuestro país y que en su estallido más reciente en el estado de Guerrero dejó como saldo una veintena de personas fallecidas luego de una masacre perpetrada por un grupo criminal contra autoridades municipales.
Es urgente que el Gobierno de México defina una verdadera estrategia de seguridad que priorice la prevención, la coordinación entre las corporaciones en el país, la procuración de justicia; que otorgue los recursos suficientes para el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y los ministerios públicos; que atienda las causas sociales de la inseguridad, pero que, sobre todo, ponga al centro de sus objetivos la vida y dignidad de las personas.
Reconocemos el trabajo de las fuerzas armadas en todo el país, soldados y marinos que cumplen con sus tareas, pero la solución está en el fortalecimiento de las instituciones civiles, no en la militarización del país.