Dan a exsecretario prisión provisional
El próximo jueves será la audiencia de vinculación a proceso contra Octavio L. G.
En la continuación de la audiencia de formulación de cargos contra el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural 20102016, Octavio L. G., la jueza de control Amparo Pérez Barraza determinó como medida cautelar la prisión preventiva por 12 meses a partir de su detención, y se fijó el jueves 27 de octubre, a las 9 de la mañana, como fecha para desarrollar la audiencia de vinculación de proceso.
Esto, luego de que el sábado inició la audiencia a las 7 de la tarde, misma que se prolongó hasta la 1 de madrugada; fue el domingo a las 10:40 de la mañana cuando se retomaron las actividades, para concluir con la decisión mencionada.
Bajo la causa penal 3029/2020 que se le imputó el cargo de peculado, con penalidad agravada, en contra del gobierno del estado de Chihuahua, por el supuesto desvío de 15 millones de pesos, que según el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado se usaron para hacer una compra simulada de 3 mil toneladas de semillas de avena para siembra.
Aunque la defensa del imputado alegó que éste tiene domicilio en la capital y que tiene diversas condiciones de salud, mismas que son tratadas en esta ciudad, acreditan el arraigo a esta capital, la jueza determinó que efectivamente hay un riesgo de que Octavio L. G. se sustraiga del ejercicio de la justicia, por lo que resolvió la prisión preventiva como medida cautelar.
Cabe mencionar que el empresario chihuahuense Otto Valles dijo respecto a la acusación en contra de Octavio L.G. que lo inmiscuye, que él ya fue absuelto de las acusaciones que se le hicieron por la supuesta compra simulada, debido a las pruebas que presentó y que acreditaron su inocencia; sería Valles Baca Hermanos la empresa con la que, en teoría del MP, se desvió el dinero a una cuenta particular, así como a la financiera del exgobernador César Horacio D. J., Banco Unión Progreso.
La jueza de control Amparo Pérez Barraza determinó como medida cautelar para el imputado Octavio L. G. la prisión preventiva por 12 meses a partir de su detención, luego de desarrollarse la continuación de la audiencia de formulación de cargos en su contra, como presunto responsable del delito de peculado, con penalidad agravada, contra el gobierno del estado de Chihuahua, por un monto de 15 millones de pesos.
Luego de escuchar los alegatos de los agentes del Ministerio Público, así como de la defensa del imputado, la jueza determinó la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses, plazo contado a partir de su detención, el 21 de octubre de 2022, mientras que se desahogan las pruebas y los alegatos del caso; asimismo, se determinó el jueves 27 de octubre, a las 9 de la mañana, como fecha para desarrollar la audiencia de vinculación de proceso.
Lo anterior, luego de que considerara que hay una presunción razonable de que el imputado presenta un riesgo para la sociedad
EL EXFUNCIONARIO pasará un año, por lo menos, en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, para desahogar pruebas y alegatos
y ello significa en su probable sustracción de la justicia, así como su falta de arraigo a esta capital, e incluso por la evidencia de que inició el trámite de la obtención de su visa para cruzar a Estados Unidos.
Fue el sábado cuando inició la audiencia de formulación de cargos contra Octavio L. G., a quien se le acusa del delito de peculado, bajo la causa penal 3029/2020, y que la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado establece como un supuesto desvío de 15 millones de pesos que se realizó en contubernio con la persona moral Hermanos Valles Baca, empresa con la que supuestamente se firmó un convenio para simular la compra de 3 mil toneladas de semilla para la siembra de avena.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron a la jueza Amparo Pérez Barraza imponer una medida cautelar de dos años contra el exfuncionario Octavio L. G., argumentando que la gravedad de los delitos que se le imputan denotan el poder económico, político y social de un grupo con la capacidad de sustraerse de la causa penal en su contra.
Argumentaron los fiscales que en la ejecución de los supuestos delitos que se le imputan, se encuentran muestras de una clara intención de ocultar los hechos, pues en 2016 el supuesto responsable firmó el contrato con fecha de 2012, es decir, para que los documentos cuadraran en una línea temporal y ocultar la evidencia del supuesto delito, “esto hace que se encuadre en la hipótesis de que se falsificaron los documentos para ocultar el desvío de recursos”, comentó la fiscal.
Por lo anterior, se indicó que estos niveles de criminalidad económica y organizada denotan la existencia de recursos humanos y financieros para obstaculizar un procedimiento penal y judicial, así como para desvanecer evidencia probatoria, ocultarse e incluso amedrentar a testigos para eludir su responsabilidad penal.