Que Silvana y Susana,

dos niñas indígenas, murieran de hambre es indignante, el dolor y la frustración de sus padres, familiares y comunidad debe ser desesperante, ver cómo un hijo o hija muere por falta de alimento y no poder hacer nada debe ser abrumador. Esto habla de una política social fallida en el estado, que es incapaz de mantener ya no se diga con una vida digna a los chihuahuenses, sino de mantenerlos con vida.

Una política social debe reconocer los derechos, invertir en desarrollar las capacidades y potencialidades de las personas, pero sobre todo de aquellos grupos vulnerables como las mujeres, adultos mayores, niños e indígenas.

La inversión dirigida a paliar la pobreza alimentaria, educativa y patrimonial es la que mejores resultados da a futuro. Los resultados a veces no son tan rápidos y menos cuando se trata de combatir décadas de abandono, de corrupción, de desvíos de recursos que no hicieron más que agudizarla, con programas electoreros que jamás funcionaron porque no tenían la intención de resolver algo, sino sólo de responder a las necesidades de los gobiernos en el poder.

En Chihuahua, poco o nada se ha hecho en relación con los grupos indígenas que, como grupo vulnerable requiere apoyos directos y atención especial, pero parece que la sierra es también inalcanzable para esta administración estatal. La pobreza alimentaria y la salud son unas de las grandes necesidades que administración tras administración siguen siendo un pendiente.

Guachochi, uno de los puntos del estado de Chihuahua con mayor pobreza en la entidad, así como la comunidad con el mayor índice de hambruna de acuerdo con los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) dentro de la entidad, cuenta esta característica desde hace mucho, pareciera que el tiempo no pasa por este municipio serrano.

De acuerdo con el Coneval, la pobreza alimentaria es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. El mismo Consejo señala que de acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018, el 26.3% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 1'005,700 personas, aproximadamente.

Según Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, AC, señala que el Índice de Desarrollo Humano entre poblaciones indígenas y no indígenas en el estado de Chihuahua es el primer lugar en desigualdad interétnica en nuestro país.

Según el Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, publicado por la Comisión para el Desarrollo de Ios Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el estado de Chihuahua el índice de desarrollo humano en poblaciones indígenas es 49.1% menor al nacional y la diferencia estatal entre población indígena y no indígena alcanza el 26.1%. En la Sierra Tarahumara la sobrevivencia infantil indígena es 30.5% menor que la mestiza; su índice de educación difiere en un 34.1%, y la diferencia entre el índice de analfabetismo es de 36.4%. En cuanto a la asistencia escolar, se reporta que “poco más de la mitad de niños indígenas están en la escuela, frente a cerca de cuatro de cada cinco de los no indígenas.

La política social del estado es básica, no distribuye correctamente la riqueza; parece que no se ha entendido que el desarrollo es un fin en sí mismo, no un negocio, que el desarrollo como libertad se enfoca en los fines; en la libertad para lograr los objetivos en la vida que una persona elige con su razonamiento, y nadie puede elegir qué quiere hacer en su vida si está viviendo en condiciones de pobreza.

El desarrollo de las capacidades individuales depende de los sistemas económicos y sociales, y si los gobiernos, como el de Chihuahua, es incapaz de mantener con vida a la niñez, jamás podrá ayudar a desarrollar las capacidades de las que hablamos.