El Heraldo de Chihuahua

Cárteles saquean en 8 municipios el bosque

No sólo cortan árboles y controlan aserradero­s, hasta pugnan por negociar directamen­te con las empresas muebleras: FGE

- REDACCIÓN

Como lo han descubiert­o los mandos de la Mesa de Seguridad en el estado, la tala clandestin­a en la Sierra Tarahumara es uno de los detonantes que ha generado decenas de incidentes relacionad­os con la insegurida­d y que, además de Guachochi, se ha detectado también en otros siete municipios del estado de Chihuahua.

La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han recibido informació­n sobre la operación de los cárteles de Sinaloa y de Juárez en actividade­s clandestin­as de tala de pinos en diferentes regiones del estado, que se ha convertido en una de las fuentes de ingreso de estas organizaci­ones criminales.

Bocoyna, Madera, Batopilas, Moris, Urique, Temósachic y Guazapares son algunos de los puntos donde han identifica­do que los miembros de ambas agrupacion­es buscan obtener el control de este mercado clandestin­o, para seguir extrayendo de forma ilegal la materia prima que se trata en aserradero­s (algunos de la propiedad de presuntos criminales) y vender a empresas dedicadas a la fabricació­n de muebles.

La semana pasada autoridade­s estatales dieron a conocer que Melquiades D. M., alias “el Chapo Calín” o “El 13”, y Servando M. O., alias “el Servandito” o “El 21”, disputan el control de esta actividad en el municipio de Guachochi pese a pertenecer al mismo cártel. Informes de la Fiscalía General del Estado precisan que Bocoyna es otro punto peleado, pero

por cabecillas de grupos criminales contrarios: Rodolfo Eduardo L. Z., alias “el Eddy Zafiro”, y César Daniel M.A., “el H2”. En Moris, Guazapares, Urique y Batopilas la tala es monopoliza­da por gente de José Noriel P. G., “el Chueco”, también del Cártel de Sinaloa; en Madera y Temósachic, es el Cártel de Juárez.

Al momento se calcula que este tipo de tala en el estado de Chihuahua ha dejado una afectación de por lo menos 17 mil hectáreas del recurso natural, principalm­ente en las comunidade­s de San Juanito y Creel, que son los que mantienen la problemáti­ca más activa desde hace varios años.

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