Quienes salieron
a votar el 4 de julio de 1976 recibieron la boleta que contenía el nombre de sólo un candidato a la Presidencia de la República de México, ahí se podía leer José López Portillo y Pacheco: “Tuve la satisfacción y… desazón, al mismo tiempo, de ser candidato único, de tal manera que con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera yo salido presidente”, reconocería tiempo después el expresidente.
Aquella era muestra fehaciente de un sistema político que estaba llegando a la asfixia, con un sistema de partidos cerrado, donde la Secretaría de Gobernación concedía el registro a nuevos partidos y un régimen vertical, donde la figura presidencial se imponía sobre los demás actores políticos. Frente a la evidente falta de legitimidad de su gobierno y la ausencia de cauces legales para la presión social y política, Jolopo encomendó a José Reyes Heroles, quien fuera el primer secretario de Gobernación de su sexenio, encabezar los trabajos de una reforma política-electoral, siendo la reforma de 1977 el inicio del proceso de cambio político-electoral en México.
Son ocho las grandes reformas electorales que ha vivido el país. De éstas se pueden distinguir ciertos elementos que hoy, en la antesala de una reforma electoral, cobran importancia. Primero, las reformas electorales han sido progresivas y graduales, ninguna de ellas buscaba una ruptura abrupta con el pasado o la refundación del sistema electoral, más bien, tenían como premisa mantener la estabilidad política y social de una geografía nacional con múltiples niveles de desarrollo democrático. Segundo, las reformas atendían las exigencias mayormente de los grupos de oposición que demandaban escenarios de mayor equidad en la contienda por el poder, no del partido político en el gobierno; así nacerían las diputaciones plurinominales y el financiamiento público a los partidos políticos, en 1977; el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), en 198687; el Instituto Federal Electoral (IFE) y un nuevo padrón electoral, en 1989-1990; la observación electoral, como figura de participación
ciudadana, en 1993; las figuras de consejeros ciudadanos en el IFE, en 1994; la creación de los institutos electorales en cada entidad, así como el reforzamiento de la independencia del IFE desligando al Poder Ejecutivo de su integración, en 1996; la prohibición para adquirir tiempos en radio y televisión, en 2007; así como, la puesta en marcha de un sistema nacional electoral, conformado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y 32 Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs), con funciones sustantivas y atribuciones exclusivas para cada uno de éstos, en 2014. Y tercero, las últimas reformas electorales se han gestado previo a una elección intermedia, es decir, en los primeros tres años de gestión de la Presidencia de la República, a fin de revisar su aplicación en la elección inmediata y, en caso de ser necesario, hacer los ajustes correspondientes previo a la elección presidencial.
Hoy la configuración política del país dista mucho de aquel México de 1976. Las reformas electorales han dado cuenta de la creciente diversidad política que, poco a poco, se ha asentado en el país; pero además, de la imperante necesidad de evitar tentaciones por abaratar las instituciones electorales-democráticas así como las reglas que garantizan la equidad en la contienda por el poder. Como nunca, se requiere medir las pulsaciones políticas y electorales de cada rincón de la república, el ánimo de la sociedad demanda y exige instituciones electorales fuertes y a la altura de un proceso electoral 2023-2024 que está a la puerta.