Inicia proceso la CIDH contra EU
Familiares de Anastasio Hernández argumentan que oficiales aduanales lo asesinaron a golpes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha iniciado su primer proceso con Estados Unidos como país acusado por la muerte del migrante mexicano Anastasio Hernández en la que intervinieron agentes de migración estadounidenses en 2010 en San Diego, California.
Los familiares de la víctima demandan "verdad y justicia" tras el cierre del caso en 2015 a pesar de que había vídeos y testigos que demostraban que Hernández fue golpeado hasta la muerte.
Estados Unidos sostiene que hubo una investigación "por fiscales federales experimentados que determinaron que las pruebas eran insuficientes para presentar cargos penales".
Sin embargo, María Puga, esposa de Anastasio, ha narrado ante los comisionados de la CIDH que se enteró por un oficial que su pareja estaba en el hospital con muerte cerebral el 29 de mayo de 2010, pero nadie le explicó qué había pasado. "Me enteré de los detalles después, el día de su funeral", dijo. Cuando estaba en casa, en una televisión "se empezó a difundir un video, escuché los gritos de dolor de mi esposo".
"Vi las imágenes de cómo mi esposo estaba rodeado de agentes, golpeándolo, torturándolo", dijo sobre el segundo video del hecho que pudo ver dos años después de la muerte de Anastasio. "Le pusieron la pistola eléctrica, lo humillaron, le quitaron su ropa", dijo. Eran unos trece sujetos quienes lo agredieron y se presume que eran agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del Servicio de
Control de Inmigración y Aduanas y Patrulla Fronteriza.
“Que los oficiales involucrados y el gobierno pidan perdón a la familia por haber asesinado a mi esposo, que haya cambios en estas políticas de uso de la fuerza que tanto han hecho sufrir", mencionó Puga al solicitar a la CIDH una revisión del caso.
Los representantes de la familia de Anastasio, de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley y de Alliance San Diego han denunciado el "encubrimiento" de las autoridades estadounidenses.
Indicaron que aunque la víctima no representaba una amenaza para la seguridad de los agentes, hicieron un uso de la fuerza desproporcionado.
Solicitan a la CIDH una revisión del caso y demandan que los oficiales involucrados y el gobierno pidan perdón a la familia