Continuando con la última parte
de lo que representa la declaración que hizo la Organización de las Naciones Unidas, meses atrás, respecto de que el acceso a un medio ambiente saludable es un derecho humano
M e gustaría retomar lo que implica el contar con un medio ambiente que garantice las condiciones necesarias para que las personas puedan realizar sus actividades sin deterioro de su salud y de su calidad de vida, así como la flora y la fauna pueda continuar sus procesos y los componentes abióticos (suelo, agua, aire) asegurar la realización de los ciclos químicos y biológicos que les permitan mantener su calidad y la prestación de los servicios ambientales o ecosistémicos, que son los beneficios que obtenemos de la naturaleza de “manera gratuita” como la regulación del clima o la captura de CO2, entre muchos otros más.
Es importante mencionar que para garantizar el acceso a este derecho, el marco jurídico es concurrente, es decir, distribuye facultades, atribuciones y competencias a los tres órdenes de gobierno y esto en cuestiones prácticas significa que los tres deben contar con una política pública, una regulación clara, funcional y estricta y un presupuesto definido para atender las condiciones que abarca un medio ambiente saludable: 1) calidad del aire de buena a excelente, tomando como base los parámetros establecidos para los contaminantes e incluso lo que establece la Organización Mundial de la Salud en materia de atmósfera; 2) una planeación territorial sostenible, resiliente y armónica a la vocación del suelo y sus regulaciones ambientales; 3) una calidad de agua de buena a excelente, considerando que la calidad incluye la disponibilidad del recurso, así como las características físicas, quimicas y biológicas que la hagan apta para el uso y consumo humano y para las actividades productivas, industriales y de servicios diversas, ya que en este sentido, no son los mismos criterios los que sirven de referencia para ello; 4) áreas naturales protegidas en donde los elementos bióticos (flora y fauna) en su interacción con el sistema ambiental, privilegien las condiciones para promover estos decretos que permitan una administración eficiente y funcional de estos espacios; 5) generar los mecanismos para impulsar y construir ciudades resilientes, adaptadas y sostenibles; y 6) diseñar y ejecutar una estrategia de educación ambiental, permanente y transversal a la quíntuple hélice (gobierno, iniciativa privada, academia, sociedad civil y medio ambiente).
Como sociedad informada, organizada y participativa, tenemos los mecanismos para impulsar y articular estos modelos de colaboración, en el marco de la proactividad y la sinergia, ya lo pudimos ver y comprobar el domingo pasado, cuando miles de personas participamos en la defensa del Instituto Nacional Electoral, ¡sí podemos!