Superaría 8 mil mdp la derrama en aguinaldos
Para este 2022, la estimación en derrama económica en aguinaldos para el estado de Chihuahua asciende a 8 mil 417.1 millones de pesos, entre los trabajadores formales adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el municipio de Chihuahua se estiman 2 mil 415.9 millones de pesos por concepto de aguinaldos, el cual representa el 29% del total del estado.
La Plataforma de Inteligencia del Sector Privado (PICsp), con datos del IMSS, creó estadísticas para mostrar la distribución de aguinaldos por nivel salarial, donde en el nivel L1, que significa de uno a dos salarios mínimos, se distribuirán 2 mil 207.9 millones de pesos; en tanto que en el nivel L2 (3-4 salarios mínimos), se repartirán 2 mil 942.6 millones.
En nivel L3, que son aquellos colaboradores que perciben de 5 a 7 salarios mínimos, representan mil 397.7 millones en aguilando; el nivel L4 (de 8 a 10 salarios mínimos) alcanza los 681.3 millones de pesos; y el nivel L5, esto es, los trabajadores con sueldos que van de los 11 a 14 salarios mínimos, recibirán en conjunto 924.6 millones de pesos en aguinaldos.
Esto quiere decir que, el nivel L1 concentra el 29% de la totalidad de este derecho anual; los de nivel L2, el 35%; el nivel L3 acumula el 17%; por su parte, el nivel L4 tiene el 8%, y el nivel L5, el 11%. Asimismo, el L1 representa el 29% de los trabajadores adscritos al IMSS; los de L2, el 35%; el L3, el 8%; el nivel salarial L4, el 4% y el L5, el 4%. Es así que el 84% de los colaboradores formales adscritos al IMSS pertenece a los niveles salariales L1 y L2, concentrando el 64% del total de los aguinaldos en Chihuahua.
El aguinaldo es una prestación que por ley se entrega a todos los empleados que se rijan por la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con ésta, los empleados que hayan cumplido un año en sus lugares de trabajo tienen derecho a recibir un aguinaldo no menor a 15 días de trabajo.
El pasado domingo pudiera ser un punto de inflexión muy importante en el futuro inmediato de la vida política de nuestro país.
La sociedad civil, que estuvo contenida en los últimos años, decidió salir a las calles y manifestar su descontento con al menos una de las posturas del Presidente López: su concepción de la democracia.
Su pretendida reforma constitucional en materia electoral, lejos de abonar al desarrollo de la democracia, representa un verdadero atentado contra ella.
Sus propuestas, envueltas en algunas ideas que a priori pudieran sonar atractivas, al analizarlas a profundidad en realidad reflejan una clara intención de concentrar más poder y garantizar la continuidad de su proyecto político a costa de las instituciones que hoy nos garantizan a los mexicanos la libertad de elegir a nuestros gobernantes. El hecho de que a tan sólo un par de días después de la marcha ciudadana en contra de la reforma, el presidente de la República ya esté hablando de un “Plan B” significa que la presión social ha surtido efecto, y el titular del Ejecutivo ya está dando por perdida la batalla en el Congreso para lograr una reforma constitucional. Y cuando me refiero a que la presión social surtió efecto, no es ante el Gobierno, ya que éste seguirá insistiendo en lograr su propósito por medio de reformas a leyes secundarias.
La presión social a través de estas manifestaciones mandó un mensaje claro a los partidos de oposición, quienes se dieron cuenta que, en caso de ceder a las presiones o chantajes del Gobierno para lograr la mayoría calificada, el costo político para ellos será enorme.
Es por ello que el Presidente ya da por perdida la posibilidad de reformar la Constitución porque sabe que no contará con las dos terceras partes de los votos necesarios para poder hacerlo, e intentará hacerlo vía reformas que sólo requieren la mayoría simple.
En ese sentido, las posibilidades de éxito del Presidente también son muy limitadas, ya que si pretende modificar la Ley Electoral con las ideas centrales de su propuesta original, el asunto será fácilmente debatible en la Suprema Corte de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad. En Coparmex estaremos atentos a los detalles que contendrá el nuevo rumbo que el Gobierno tomará en materia electoral, y seguiremos sumados a la defensa de las instituciones que administran nuestra democracia, que si bien son perfectibles, no es el camino planteado por el Presidente el más conveniente de transitar, ya que es claramente regresivo. El despertar ciudadano reflejado el domingo a lo largo y ancho del país puede ser el inicio de un movimiento social que cambie el rumbo que México ha llevado los últimos 4 años.
Lamentablemente el escenario más probable es que el presidente de la República radicalizará sus posturas, generando mayor polarización y división entre los mexicanos. Lo vimos antes y después de la marcha del domingo pasado, llenando de adjetivos a quienes participaron, mostrando una vez más su falta de tolerancia a quienes opinan diferente y su incapacidad para el diálogo y la negociación. La realidad se le empieza a imponer a AMLO… tiempo al tiempo.
El “Plan B” del presidente y sus limitadas posibilidades