Llega conflicto UDLAP al Congreso de la Unión
Esta semana, en el Congreso de la Unión inició la discusión y análisis de un punto de acuerdo con el que se pretende emitir un exhorto al Poder Judicial del estado de Puebla, para que las instalaciones de la Universidad de las Américas (UDLAP), que permanecen tomadas por la fuerza pública desde el mes de junio de 2021, sean finalmente liberadas y se restablezca también la normalidad.
La propuesta que emanó a principios de enero del escritorio de la senadora poblana Nancy de la Sierra, integrante del denominado Grupo Plural, contempla que se tomen las medidas legales necesarias para que las instalaciones de la UDLAP sean entregadas, a fin de permitir que los estudiantes, maestros y directivos puedan retomar sus actividades de manera presencial o, según lo permita la cuarta ola de la pandemia por Covid-19, semipresencial.
El caso, que avanza hacia la Suprema Corte de Justicia, está siendo discutido por la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, que preside Patricia Terrazas; en la que también se encuentran morenistas como Pablo Amílcar Sandoval, de Guerrero y hermano de la hoy discreta Irma
Eréndira; Margarita Valdez, de Durango; Daniel Gutiérrez, de Aguascalientes, y el representante del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña.
Entre los argumentos presentados para convencer a los legisladores de impulsar el punto de acuerdo se encuentra el hecho de que, en diciembre de 2021, el Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México envió sendos exhortos al Poder Judicial de la entidad gobernada por Miguel Barbosa y a las autoridades de Cholula, para devolver el campus de la UDLAP al patronato encabezado por la rectora Cecilia Anaya Berríos.
Las autoridades mencionadas, particularmente el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, no han cumplido con el llamado, por lo que la comunidad universitaria sigue impedida de entrar al campus. Incluso en días pasados se registró un conato de enfrentamiento entre los cuerpos policiacos y estudiantes que intentaban retomar sus instalaciones.
Adicionalmente, los habitantes de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula se han ido sumando a las marchas para la liberación de la UDLAP, ya que han visto sus actividades económicas seriamente afectadas por el secuestro de las instalaciones universitarias.
Se calcula que, al menos dos mil familias de dichos municipios han dejado de percibir ingresos desde el cierre del campus, ya que al menos cuatro mil estudiantes foráneos rentan cuartos o departamentos en los alrededores de la universidad, además de que son los principales consumidores de servicios regulares como comida, lavandería, esparcimiento y actividades culturales y sociales de la región.
El tema es ya punto de discusión en los tres Poderes de la Unión, por lo que se espera que en breve haya noticias de importancia para la comunidad universitaria y, además, para la población que depende económicamente de ella.