Ferral era doble objetivo
LA PERIODISTA ORIUNDA DE VERACRUZ SE CONVIRTIÓ EN UN DOBLE OBJETIVO CUANDO ACEPTÓ SER CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE GUTIÉRREZ ZAMORA, LUGAR QUE QUERÍA CONTROLAR EL GRUPO TOTONACAPAN, DE QUIEN ELLA CONOCÍA SUS CRÍMENES Y RELACIONES CRIMINALES
La periodista veracruzana María Elena Ferral se convirtió en un doble objetivo cuando aceptó convertirse en candidata a la alcaldía de Gutiérrez Zamora, lugar que quería controlar el Grupo Totonacapan, de quien ella conocía sus crímenes y relaciones criminales. Esta es la historia.
El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal
Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.
Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, capital de Veracruz, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él.
Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.
Segundos antes de esa llamada, Leobardo, de 48 años, fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su vivienda, donde por las noches vendía tacos para ayudarse con los gastos familiares.
“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables: cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas.
La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Así ella se convir- tió en objetivo para ser asesinada.
Sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares, y en el que destaca el Grupo Totonacapan, que constantemente expuso Ferral en sus textos. El 12 de marzo de 2020, en su sitio web
Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder (para las elecciones de 2021), esta vez, sería “encarnizada”. Y así fue: su crimen formó parte de esa disputa.
ALIANZA DE MEDIOS MX investigó, en el último año, las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral —ocurrido el 30 de marzo de 2020— y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte.
El entramado de este caso hasta ahora involucra directamente a por lo menos 11 personas, que integran una red en el norte de Veracruz, una parte de ellas de alto perfil político-económico, en el que al parecer están involucrados policías y reporteros. A la fecha, seis personas han sido detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.
Las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. La responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de Investigaciones
Ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez. Ambos son políticos emanados del sector campesino del PRI.
Basilio Picazo es líder del Grupo Totonacapan, organización a la que Elena Ferral siguió la pista hasta su muerte, y acusó de cometer una serie de asesinatos en el municipio de Gutiérrez Zamora (donde ella nació) para ampliar sus dominios en ese feudo veracruzano.
Picazo fue exdiputado de Papantla, exalcalde de Coyutla y desde 2020 prófugo de la justicia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista. Se trata de un personaje que ha ostentado el poder en los últimos 15 años, quien de acuerdo a testimonios expresó su repudio hacia Ferral, y mantiene una influencia política sobre quienes ahora lo investigan.
Otro personaje clave ligado al Grupo Totonacapan es Marcos Romero, integrante de una familia que ha gobernado el municipio de Papantla los últimos seis años (2014-2021).
El asesinato de la periodista fue el número 24 de los 25 que se han cometido contra comunicadores de Veracruz en los últimos diez años, en la entidad que es considerada la más peligrosa para la prensa en América Latina, según un informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.
En este reportaje, para el que fueron entrevistados familiares de la columnista, investigadores del caso, abogados; se revisaron distintos documentos judiciales y se consultaron posturas de personas ligadas a la red de vínculos, se muestran los entresijos de un crimen que desafió al primer gobierno de izquierda en Veracruz, el de Cuitláhuac García Jiménez, quien prometió acabar con la impunidad en los crímenes contra reporteros en el estado.
EL GRUPO TOTONACAPAN
Elena Ferral se refería en sus columnas al Grupo Totonacapan como los dueños del poder en Papantla y sus alrededores durante las últimas dos décadas. Y no mentía. Dos hombres figuran como pilares de esta organización: Basilio Picazo y Rómulo Salazar Macías (fallecido en octubre de 2021).
Picazo fue dos veces presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla, la última hasta antes de que se fugara. También fue alcalde de ese municipio de 2001 a 2004; funcionario en el gobierno del priista Javier Duarte, y diputado por Papantla entre 2016 y 2018.
Los señalamientos de corrupción y abuso de poder contra Basilio se dieron desde los primeros meses de su administración como alcalde de Coyutla.
En 2004, el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez y la regidora Hortensia Escudero, acusaron a Picazo por desvíos de recursos ante el Congreso de Veracruz y el Órgano de Fiscalización estatal. Ambos solicitaron la desaparición de poderes en Coyutla; sin embargo, no pasó nada y concluyó su cuatrienio, heredándoselo a su hermano Benito Picazo.
El 24 de abril de 2005, Miguel Alonso Vázquez ratificó su denuncia por corrupción contra Picazo. Trece días después, el exsíndico fue asesinado frente a su hijo de nueve años en la comunidad de San Andresito, Coyutla. Días antes del atentado, el político buscó a Elena Ferral para revelarle un dato: Había recibido amenazas de Picazo. “A mi mamá el síndico le declaró (en entrevista) que Basilio con un arma le dijo que lo iba a matar. A los pocos días lo matan”, contó Fernanda Ferral, hija de la periodista.
Ferral entregó la grabación de su entrevista con Alonso Vázquez a las autoridades que investigaban el crimen. Días después, hombres desconocidos dispararon contra ella afuera de su casa, hiriéndola en una pierna. “Por miedo no denunció”, aseguró su hija.
Dos exprocuradores de justicia de Veracruz —el hoy notario Emeterio López Márquez y Salvador Mikel Rivera (fallecido en 2015)— no lograron capturar a Basilio. Pero, además, en febrero de 2009, Mikel solicitó a un juez de Papantla la revocación de la orden de aprehensión girada contra Picazo y dio por concluidas las pesquisas. Fue el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, quien declaró que el crimen del exsíndico había sido esclarecido.
El entonces diputado y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, Sergio Vaca Betancourt, pidió la renuncia del procurador Mikel Rivera y advirtió “intereses oscuros y políticos en favor del cacique de Coyutla”.
En cuanto a Rómulo Salazar, considerado otro de los líderes del Grupo Totonacapan, fue candidato a alcalde de Papantla por el PRI y diputado federal. Y también fue señalado por Ferral de un ataque en su contra en 2012. Aquella ocasión, hombres dispararon contra ella y su familia en una carretera de Papantla; la periodista impactó su carro contra un tráiler y sufrió diversas lesiones. Sus agresores, dijo entonces, huyeron.
Impunes, Rómulo Salazar y Basilio Picazo continuaron acumulando poder en la región Totonaca. Aunque no aparecían en boletas electorales o cargos públicos, sí lo hicieron sus hijos, sobrinas y hermanos.
LUCHA POR GUTIÉRREZ ZAMORA
En las elecciones de 2021, el Grupo Totonacapan no sólo pelearía por Papantla, sino que se extendería desde la costa hasta la sierra Totonaca.
Pero había un municipio donde este grupo no poseía el dominio absoluto: Gutiérrez Zamora. Allí, la lucha por el poder mutó en una pugna sanguinaria que vivió sus peores momentos meses antes de definirse las candidaturas de cara a los comicios.
Entre enero y mayo de 2020, ocurrieron tres asesinatos en este poblado de 25 mil habitantes. Las tres víctimas eran políticos o líderes regionales que hicieron