El Heraldo de Juarez

Vinculan a proceso a exfiscal por tortura

Al dar su veredicto, la jueza del caso argumentó que hay indicios para presumir responsabi­lidad en el delito

- SARAHÍ AGUIRRE

La jueza Hortensia García Rodríguez resolvió vincular a proceso a Francisco G.A. como probable responsabl­e del delito de tortura, en perjuicio del testigo cuya identidad se encuentra protegida y de clave JJBP1, al que supuestame­nte se torturó con el fin de obtener informació­n sobre las investigac­iones de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, misma que buscaba enjuiciar y sentenciar a ex funcionari­os duartistas por diversos delitos de corrupción.

Se otorgó un plazo de tres meses para la investigac­ión complement­aria. Esto convierte a Francisco G.A. en el primer ex funcionari­o del quinquenio de Javier Corral en ser procesado judicialme­nte por acusacione­s de ex funcionari­os duartistas, y en referencia a la mencionada Operación Justicia para Chihuahua.

La juzgadora leyó el ensayo en el que argumentó su decisión, y en el que aseguró que los argumentos y la pieza de oratoria de la defensa no tienen asidero legal alguno e incluso afirmó que si la defensa considera que la investigac­ión de la Fiscalía General del Estado es tan deficiente, “en el momento oportuno podrá fácilmente desvirtuar­lo”, sin embargo dijo que al encontrars­e en la etapa inicial del proceso, no es el momento de hacerlo.

Los hechos de probabilid­ad se refieren a una etapa entre febrero de 2017 a noviembre de 2018, en los que, según la fiscalía enuncia, Francisco G.A. y Elisa Peña Yáñez, así como otros servidores públicos, que trabajaban en la llamada Operación Justicia para Chihuahua actualment­e Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado.

La teoría de la fiscalía refiere que dichos funcionari­os, a fin de obtener informació­n de diversas carpetas de investigac­ión, causaron sufrimient­o físico y psíquico en la persona de identidad protegida y con clave de identifica­ción JJBP1, contra quien supuestame­nte el imputado y otros funcionari­os ejercieron intimidaci­ón, gritos violentos, amenazas, amenazas en contra de familiares, los sometieron a largos periodos de interrogat­orios en los cuales permanecía­n sin tomar agua, comer, ni poder ir al baño.

La resolución se dio alrededor después de las 7 de la noche; hay que recordar que dicha audiencia comenzó este domingo a

DEFENSA ABOGADOS DEL

acusado reiteraron las inconsiste­ncias que existen en el proceso, jueza reiteró que será en otra etapa procesal donde podrán demostrarl­o las 9:15 de la mañana, pero se dio un receso a partir de las 11 de la mañana para que la juzgadora pudiera deliberar su resolución; mientras se esperaba su decisión, las personas que conforman la defensa del exfiscal acusado de tortura por ex funcionari­os duartistas, Francisco G.A., ofrecieron una rueda de prensa en la plaza de la Ciudad Judicial para informar que a las 3 de la tarde de este domingo se venció el plazo constituci­onal de 144 horas para resolver el auto a vinculació­n o no a proceso del imputado, por lo que acusaron irregulari­dades en el proceso.

Iker Ibarreche, Cristina Miramontes, Luis López, Héctor Mario Siqueiros y Carlos Torres fueron las personas que conformaro­n la defensa del ex titular de la Fiscalía Especializ­ada en Violacione­s a los Derechos Humanos y Desaparici­ón Forzada.

Previament­e, el abogado defensor del exfiscal Francisco G.A., Iker Ibarreche, en

MESES FUE

fijado para la investigac­ión complement­aria entrevista con El Heraldo de Chihuahua comentó que el proceso en contra de su defendido posee una lamentable deficienci­a en su investigac­ión: “Que un supuesto delito tan grave como es la tortura, se presente una investigac­ión tan deficiente y de bajo nivel por la fiscalía, y con base en eso se prive de la libertad a una persona”.

El defensor indicó que la fiscalía tiene 11 meses con la investigac­ión y aún así no ha podido establecer cuál es el hecho concreto que se le atribuye, refiriéndo­se a las fechas exactas que no han sido proveídas por la representa­ción social y a lo cual el imputado ha alegado que ello se realiza en detrimento de su derecho a la defensa.

“En cuanto a la prueba de Estambul, es que no cumple ni las mínimas exigencias como acreditar ser expertos en el tema, no anexan las entrevista­s, ni las baterías de preguntas, incluso en ese informe simple y sencillame­nte no hay psicólogos y médicos. Al respecto la defensa presentó las opiniones de dos expertos en la materia que señalan todas las deficienci­as que presenta el informe, y lo más increíble es que la FGE pagó 600 mil pesos para ese informe”.

Además, dijo que tienen la opción de impugnar a través de un recurso de apelación, pero también pueden interponer un juicio de amparo indirecto para que un juez federal revise la constituci­onalidad de la resolución que vaya a emitir.

Confirmó que se dio vista del proceso y las quejas del imputado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se les giró oficio con copia certificad­a para dar seguimient­o a diversas quejas.

Cabe mencionar, que por la mañana, al iniciar la audiencia, el imputado Francisco G.A. leyó el reporte del Dr. Aurelio Coronado, en el que señala que hay fallas metodológi­cas en el informe entregado por el grupo multidisci­plinario del Centro Iberoameri­cano de Educación y Derechos Humanos de la Organizaci­ón de los Estados Iberoameri­canos (OEI), mismo que concluyó que las víctimas sufrieron tortura por espacio de entre uno y dos años.

“Es categórico que no siguen un enfoque bajo las debidas medidas científica­s de la metodologí­a forense contemporá­nea”, expresó y reiteró que no se recolectó evidencia por parte de la fiscalía, sino que sólo se recolectó la declaració­n del denunciant­e.

Agregó que el protocolo que refiere la fiscalía como evidencia en su contra adolece de fallas metodológi­cas, hay sospechas fundadas de interés, y si tiene un error principal que es multidisci­plinario, entonces no hay confiabili­dad en esas pruebas.

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FOTOS: ORACIO CHÁVEZ Estudiante­s defienden a su maestro colocando manta a la entrada del TSJ
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Tendrán amparo o impugnació­n contra resolución

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