Truenan contra juez por freno a Guardia
Acusan exceso en facultades; afirma SSPC que fallo genera impunidad
Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad
Lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades”.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer contra la jueza Karla Macías Lovera, por frenar la transición de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (Sedena).
El Mandatario acusó a la juzgadora, con sede en Guanajuato, de haber excedido sus facultades al dictar un fallo que deja en suspenso su plan de poner a la corporación federal en manos de los militares.
Además, aprovechó para lanzar un nuevo reproche al Congreso de ese estado, de mayoría panista, por rechazar la reforma que prolongará la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.
“Por ejemplo, la juez que concede un amparo para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, es de Irapuato. Pero no sólo no votaron a favor de que participe el Ejército y Marina y la Guardia Nacional, no, ahora concediendo amparos para que no actúe. Además, sin facultades de la juez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se protege a estos jueces?”, cuestionó.
Previamente, al presentar el informe semanal Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, criticó a la juzgadora, a quien incluyó en el listado de integrantes del Poder Judicial “que ponen en riesgo la seguridad” y que “generan impunidad”.
“Continuando con actuaciones de juzgadores federales que ponen en riesgo la seguridad, está el caso de la juez Karla María Macias Lovera. Esta juez se excede en sus facultades, porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución solo le corresponde a la Suprema Corte”, afirmó.
“Si lo queremos hacer del dominio público, porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta juez se está excediendo en sus facultades.
Tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez, pero si se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el País”.
El pasado martes, la jueza Macías impuso una multa de 9 mil 622 pesos a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por negarse a cumplir la suspensión definitiva concedida el pasado 24 de octubre, que frena la reforma para entregar el control de la GN a la Sedena.
La jueza advirtió a Rodríguez que, si insiste en su desacato, la multará con 19 mil 244 pesos y la denunciará ante la Fiscalía General de la República por el delito de violación a una suspensión.
La resistencia de la funcionaria, según Macías, constituye no sólo un desacato a la suspensión, sino a órdenes expresas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se acate la medida judicial.
La SSP alega que está obligada a cumplir las leyes emitidas por el Congreso, a menos que sean declaradas inconstitucionales, en referencia a la reforma legal del pasado 9 de septiembre para enviar a la GN a la Sedena.
Sostiene, además, que la suspensión concedida por la jueza “afecta el orden público y el interés social”, por lo que pidió que no se aplique, mientras un tribunal colegiado de circuito resuelve los recursos de revisión interpuestos por el Gobierno para impugnarla.
Sin embargo, la SSP ignora el hecho de que las suspensiones que dictan los jueces, tanto provisionales como definitivas, deben ser acatadas de inmediato por las autoridades, y están vigentes durante todo el tiempo que toma la revisión por los tribunales colegiados.