Afirma Laynez cuidar sistema democrático
El ministro Javier Laynez consideró que es necesario suspender en su totalidad la reforma electoral conocida como “Plan B” para salvaguardar el orden democrático nacional, y proteger derechos humanos de los votantes y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE).
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”, afirmó Laynez, al conceder el viernes pasado la suspensión en la controversia 263/2023.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”, agregó, en alusión a la reforma a varias leyes electorales publicada el 2 de marzo.
La Suprema Corte de Justicia notificó el viernes por la noche un extracto del acuerdo de Laynez y un boletín de prensa, pero hasta ayer dio a conocer la resolución de 18 páginas.
El ministro dedica buena parte del documento a justificar la procedencia de la suspensión en una controversia contra normas generales, la cual en sentido estricto está prohibida, pero que en los últimos años la Corte ha concedido cuando dichas normas pueden afectar derechos humanos.
En este caso, podría haber afectación a los derechos electorales de los ciudadanos; a su derecho a la privacidad y protección de datos personales, en relación con el manejo del padrón electoral, así como a los derechos laborales de personal del INE, tanto por despidos como por bajas salariales.
“De no concederse la suspensión, el INE quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería la remoción de plazas y la remoción de servidores públicos, y por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las obligaciones constitucionales que tiene asignadas frente a la ciudadanía.
“De ser cierto lo que se aduce en la demanda, podría haber una merma significativa en la garantía orgánico-institucional de los derechos a votar y ser votado, en la garantía de equidad en la contienda, también podría comprometerse la integridad del padrón electoral y, consecuentemente, la garantía de derechos humanos relacionados con el manejo de información personal ahí contenida”, explicó.
Laynez enfatizó que la suspensión es necesaria porque, incluso si el pleno de la Corte invalida la reforma dentro de unos meses, esa sentencia no tendría efectos retroactivos y no podría eliminar actos que ya se hubieran ejecutado.
El INE impugnó artículos transitorios que eliminan puestos y unidades, pero Laynez concluyó que era imposible una suspensión parcial.
El Ejecutivo y el Congreso impugnarán la suspensión. Esos recursos usualmente los resuelven las salas de la Corte, no el pleno, y su trámite llevará entre uno y dos meses.
En cuanto a la sentencia en el expediente principal de la controversia, donde se requerirán ocho de los 11 votos para anular la reforma, el pleno podría resolver en el primer semestre del año.