Falla la Corte en favor de ganadero que huyó y murió secuestrado
La Suprema Corte de Justicia ordenó ayer al Estado compensar económicamente a un ganadero y comerciante de Chihuahua y 79 familiares que tuvieron que huir a Jalisco en 2013, ante el acoso de la delincuencia.
Sin embargo, el ganadero Víctor Manuel Ponce Ríos ya no podrá beneficiarse de esta sentencia, pues fue asesinado con uno de sus trabajadores en mayo de 2023, luego de ser secuestrado y llevado a Zacatecas.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte amparó a Ponce y a sus familiares y allegados para obligar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a emitir en 45 días la resolución sobre las medidas de compensación y reparación del daño que correspondan.
Ponce, quien murió a los 57 años, promovió este amparo en octubre de 2021 para reclamar a la CEAV la falta de seguimiento al procedimiento de reparación integral que está previsto en la Ley General de Víctimas.
Lo anterior, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido la recomendación 94/2019, en la que reconoció al grupo de 80 personas como víctima de desplazamiento forzado en los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz, en Chihuahua.
El desplazamiento ocurrió luego de la ejecución de cuatro personas en el rancho de Ponce el 11 de marzo de 2013, así como del ataque a balazos e incendio de una tienda de abarrotes que tenía en Saucillo, entre otros incidentes de robo y extorsión.
La CNDH había recomendado a la CEAV medidas de reparación, al igual que un tribunal colegiado en materia penal que concedió un amparo, también en 2019.
La Corte, que atrajo el caso en agosto de 2023, estableció ayer que la CEAV no puede alegar formalismos que impiden a las víctimas acceder a su derecho a la reparación.