Tumban lavado a los Jenkins
Determina juez actuación ilegal de FGR Ordenan a FEMDO archivar en definitiva la carpeta reabierta en junio de 2020
Un tribunal federal echó abajo en forma definitiva el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares sustraído a la Fundación Jenkins, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió ilegalmente el caso con “total desprecio al Estado de derecho”.
Este es uno de los casos más relevantes que pierde la FGR en el sexenio, por actuaciones que la justicia califica abiertamente de “arbitrarias”.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal de la CDMX concedió un amparo a Juan Carlos Jenkins de Landa y al abogado Carlos Román Hernández, en el que ordena a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) archivar la carpeta de investigación.
El fallo tendrá como consecuencia que sea cancelada la vinculación a proceso dictada a Juan Carlos Jenkins y el abogado Hernández, quienes desde el 11 de enero pasado llevan su procedimiento en libertad por el delito de lavado de dinero.
Al mismo tiempo, también anulará las órdenes de aprehensión giradas por el mismo ilícito contra Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González
Muñoz, quienes hasta ahora se encontraban prófugos de la justicia.
Por unanimidad, el colegiado votó en favor de un proyecto de sentencia del magistrado Carlos López Cruz, quien canceló el acuerdo del 12 de junio de 2020 del entonces Subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos López, mediante el que ordenó reabrir el caso.
Ramos, fallecido el año pasado, justificó su decisión en atención a una “vista ministerial” de sus colaboradores, en la que le informaron que el denunciante, Guillermo Jenkins, pretendía que le reconocieran la calidad de víctima u ofendido en este asunto ya cerrado.
El tribunal determinó que la decisión de reabrir esa indagatoria, que había sido archivada por falta de elementos desde el 3 de mayo de 2018, es inconstitucional.
La razón es que sólo la víctima podía pedir ante un
juez de control –no ante la FGR– la reapertura de la investigación y, como en este caso no lo hizo, el “carpetazo” quedó firme.
“Desde este enfoque, sin prejuzgar o analizar los hechos que motivaron esa investigación, la plasmada situación preexistente a favor de los peticionarios, fue arbitrariamente revocada por la autoridad responsable, con la posterior emisión del dictamen de 12 de junio de 2020”, dice la sentencia.
“Es inexorable que como órgano técnico, en lugar de aceptar como finiquitada o concluida toda atribución persecutoria conferida en esa indagatoria, impulsara de propia autoridad su revocación y reactivación vía dictamen, reflejando un total desprecio al Estado derecho, el cual como representante social, tenía el deber y obligación de respetar, por virtud de la institución a la que se pertenece y simboliza”.