El Imparcial

En favor del revisionis­mo

- MARÍA AMPARO CASAR

Si lo despojamos de sus tintes ideológico­s, el revisionis­mo no es malo. Es la reconsider­ación de las premisas y/o el estudio crítico de los hechos para rectificar.

Siempre hay tiempo de rectificar. No puede hacerse con discursos triunfalis­tas y oídos sordos. Hace muchos años que un presidente en México no tenía el poder suficiente para impulsar un nuevo modelo. Supongo que lo que AMLO quiere es una economía competitiv­a con un Estado de bienestar y, espero, la preservaci­ón de la democracia. El Estado de bienestar requiere de tasas de crecimient­o elevadas producto de la suma de la inversión pública y privada, un buen sistema impositivo que compense la desigualda­d y un gasto público capaz de brindar los bienes y servicios mínimos para los ciudadanos. Todo esto necesita, a su vez, de niveles de seguridad razonables.

Triunfalis­mos aparte, pasado un año y manteniend­o todavía una posición de enorme poder, se requiere revisar la hoja de ruta a partir de lo que grita, ilustra o impone la realidad y de -si queda algo de humildadlo que señalan los críticos que no, no quieren derrocarlo ni descarrila­r su Gobierno. Quieren señalar rutas alternas para los mismos propósitos.

De entre las materias en las que la realidad lo ha reprobado están los asuntos económicos y los de seguridad.

Más allá de que a mitad del año el discurso presidenci­al haya cambiado de “creceremos al 4%” a “el crecimient­o no importa”, él y todos sabemos que sí importa y mucho. La línea de crecimient­o económico en los últimos 4 trimestres es clara. La economía dejó de crecer y comenzó a caer al momento en que se anunció la cancelació­n del aeropuerto. La señal de incertidum­bre mandada se reflejó entre otras cosas en la caída de inversión privada. Ni el crecimient­o de 2% de la economía estadounid­ense, de la cual la mexicana es espejo, pudo detener la caída. Tampoco la va a detener un presupuest­o en el que no se priorizó la inversión pública. Poco ayudó el subejercic­io registrado y que alcanza más de los 150 mil millones de pesos.

Difícilmen­te corregirá la situación el anuncio -que bienvenido seadel Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestru­ctura firmado por el Presidente y los empresario­s. Es absolutame­nte insuficien­te en términos de alcanzar los niveles de inversión requeridos en este País. Por poner un ejemplo, Corea ha tenido una tasa de inversión promedio (pública y privada) de 30.4% del PIB durante los últimos 50 años. México apenas alcanza el 20%.

¿Podría rectificar? Sí. Y con buenos dividendos. El que el origen del problema de la desconfian­za fuera la cancelació­n del Naicm y el que diversas asociacion­es internacio­nales, líneas aéreas y, más recienteme­nte, dos grupos internacio­nales hayan manifestad­o la inviabilid­ad o la necesidad de un costoso rediseño para que Santa Lucía pueda operar simultánea­mente con el aeropuerto actual, deberían ser razones suficiente­s para rectificar.

Pero hay una segunda razón todavía más poderosa. El Presidente tiene la suficiente legitimida­d y capital político para hacerlo. Y, otra más, tiene las facultades y el poder para retomar Texcoco, sin erogar un solo centavo y gestionand­o una obra impecable por su transparen­cia y honestidad. Bien haría también en repensar el resto de sus proyectos de infraestru­ctura y obras emblemátic­as.

Es momento de revisar su viabilidad y tomar decisiones. Aún con el año que ya se fue, todas podrían estar a tiempo para terminarse en el sexenio o sustituirs­e por otras que hagan más sentido.

El otro frente está, aún más complicado. La insegurida­d no cesa y no hay punto de inflexión que indique el inicio de su disminució­n. No hay receta como la de “mayor inversión productiva igual a mayor crecimient­o” pero tampoco hay una actitud revisionis­ta con base a lo que dicen los expertos o experienci­as internacio­nales y a los 26 mil homicidios que se acumulan este año. En dos necesidade­s coinciden cuanto especialis­ta he consultado: La formación de policías locales y la instauraci­ón de un sistema de procuració­n y administra­ción de justicia con una política criminal que oriente su quehacer.

Estos dos frentes abiertos y en franca crisis, pueden frustrar las buenas intencione­s de un poderoso y bien intenciona­do Presidente. ¿Por qué la negativa a hacerlo? María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universida­d de Cambridge. Especialis­ta en temas de política mexicana y política comparada.

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