México, la peligrosa Sala de Espera de Estados Unidos
Para los inmigrantes centroamericanos, México se ha convertido en una sala de espera para entrar a Estados Unidos increíblemente peligrosa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cedido ante las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, y aceptó que Estados Unidos envíe a su territorio a decenas de miles de centroamericanos que están solicitando asilo político mientras se resuelven sus casos en los tribunales estadounidenses.
El resultado es terrible: Carpas a la intemperie en la zona fronteriza de México, los niños -sin escuelas ni servicios médicos -duermen en el piso en pleno invierno, los adolescentes permanecen expuestos a grupos criminales y todos esperan por meses (o más) en un territorio amenazado por los cárteles de las drogas y traficantes de seres humanos.
Eso es lo que aceptó México. Es irónico que México -un País que durante décadas fue exportador de inmigrantes al Norte- ahora se ha convertido en el principal obstáculo para que muchos centroamericanos puedan llegar a Estados Unidos. México no debe ser la sala de espera de su vecino. Los limitados recursos estatales y el presupuesto federal deberían dedicarse a controlar el crimen que asola a México y reducir la pobreza, no a romper los sueños de personas que sólo quieren cruzar por su territorio.
Bajo el programa conocido como Quédate en México (o Migrant Protection Protocols), el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha obligado a casi 50 mil solicitantes de asilo y a otros migrantes, sin importar desde dónde llegaron al país, a esperar en México, según el informe de Human Rights First. Y ya hay más de 340 casos reportados de violaciones, secuestro, tortura y otros actos violentos contra esos inmigrantes. A esta cantidad hay que sumar todos los casos que las víctimas no se atrevieron a reportar.
Para los centroamericanos que están huyendo de las pandillas y de la violencia es una locura pensar que, por ejemplo, Tamaulipas, un estado al Norte de México, es un lugar seguro. No lo es. Muchos inmigrantes están siendo desplazados a las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo. Es paradójico que, como señala Human Rights First, el mismo Departamento de Estado que ahora lleva a personas que piden asilo a Tamaulipas, considere que el nivel de peligrosidad del Estado es “nivel 4”, como el de Afganistán, Iraq, Siria, Somalia o Yemen. Para no irnos más lejos, los informes del mismo gobierno de López Obrador reconocen que de enero a noviembre de 2019 asesinaron a 790 personas en Tamaulipas y que, aunque la violencia disminuyó respecto a 2018, sigue siendo un Estado peligroso.
Los últimos años, los más violentos registrados en la historia moderna del País, han demostrado que el Gobierno de México no puede garantizar la vida ni siquiera a los mexicanos. Y ahí es donde han caído miles de personas que han migrado, entre otras naciones, de Venezuela, Cuba o el Triángulo del Norte. No tienen más opción que esperar. Regresar a las dictaduras de Cuba o Venezuela es impensable. Y para muchos centroamericanos volver a sus países de origen podría significar la muerte.
Yamali Flores y Josué Cornejo son una pareja hondureña, con dos hijas pequeñas y un adolescente, y fueron forzados a regresar de Brownsville, Texas, a Matamoros, Tamaulipas. Vienen huyendo de la violencia.
“Estábamos en trámite de pedir asilo en México, pero vimos a uno de los jefes de las personas que mataron a una tía (...) y se metieron a la casa mientras estábamos durmiendo”, me dijo Josué en una entrevista el otoño pasado. “Entonces le dije a mi esposa que aquí no había de otra (...) y por eso decidimos cruzar el río” y llegar a Estados Unidos.
A pesar de que Josué había protegido del agua las “evidencias” del peligro al que estaban expuestos en Honduras y México, las autoridades estadounidenses los arrestaron -por haber cruzado ilegalmente- y luego regresaron a los cinco a México.
Esto es relativamente nuevo: Entrar con niños y sin documentos válidos a Estados Unidos ya no es una garantía para poderse quedar. Todo forma parte de las nuevas medidas del gobierno de Trump, que han logrado reducir significativamente el número de inmigrantes indocumentados que se quedan en el país. El informe de Human Rights First calculó que se les ha negado el ingreso a Estados Unidos en los puertos de entrada a 26 mil solicitantes de asilo debido a una medida conocida como “metering” (o cuentagotas) que esta organización considera ilegal.