Del verbo cuestionar
Cuestionar una política de la nueva administración no significa ser adversario, ya no digamos enemigo, del Gobierno. Mucho menos significa avalar indiscriminadamente todo lo que se hacía en pasadas administraciones. Cuestionar es una invitación a discutir, a debatir, a controvertir, a poner frente a frente argumentos que sustentan una posición. Es, sobre todo, una oportunidad para reafirmar o corregir. Por algún motivo, esta práctica que está en el corazón del progreso de la civilización, no le gusta al Presidente. Cualquier cuestionamiento convierte a su emisor en un enemigo y defensor del pasado y está dirigido a descarrilar su proyecto de Nación.
Dicho esto en descargo de responsabilidad, paso a comentar el multianalizado asunto del fin del Seguro Popular y su “sustitución” por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
No hay mucho que agregar a las decenas de artículos, reportajes y entrevistas a los especialistas. La posición mayoritaria es la de que el Insabi es producto de la improvisación y que su lanzamiento simplemente no cuenta con los requisitos indispensables de un programa mínimamente sólido: Objetivos claros, pilotaje, manuales, reglas de operación y gestión, catálogo de servicios, fases de implementación, requerimientos humanos, fuentes de financiamiento, certidumbre en su exigibilidad... Lo planteado por seis ex secretarios de salud no es nada insensato, conservador o, siquiera, atrevido: Mejor diagnóstico, plazos de planeación e implementación y diálogo. Me limito a recomendar el recién publicado libro de Julio Frenk, Proteger a México (Cal y Arena y El Colegio Nacional, 2019) que, dicho sea de paso, no es una exaltación del Seguro Popular. Señala sus yerros y los casos de corrupción, apunta los vicios del sistema de salud, analiza sus orígenes y ofrece propuestas de solución al “apartheid médico para que los ciudadanos ejerzan sus derechos por igual, con la libertad de moverse en el sistema según sus preferencias y necesidades”.
A esta discusión sólo puedo agregar dos cosas. La primera es que quienes idearon y ahora están a cargo del Insabi no se molestaron en tomar el parecer y enriquecerse con las ideas de quienes idearon y tuvieron a su cargo el Seguro Popular. En cualquier lugar del mundo y en México mismo, los nuevos secretarios o directores de agencias gubernamentales o estatales suelen reunirse con sus antecesores. Lo han hecho los rectores, secretarios de Hacienda y de Gobernación, directores del Banco de México, presidentes del IFE etcétera. Hoy esta sana práctica ha desaparecido bajo la premisa de que todo lo anterior apesta.
La segunda es que el Insabi no es ni apunta a hacer realidad la idea del derecho universal a la salud. Se mantiene la segmentación según la pertenencia del trabajador al sector público (Issste), al sector privado (IMSS), a ciertos sistemas como el Servicio de Sanidad Militar y los Servicios de Salud de Pemex o a los sectores de la informalidad y el desempleo. La segmentación sigue vigente.
No cabe duda de que el Gobierno actual tiene muy claros sus objetivos. Más aún, tiene el poder y legitimidad para lograrlos. Desgraciadamente para todos, comenzando por el propio Gobierno, no hay claridad en los principios de acción para alcanzarlos y estos son indispensable para el éxito.
El conocimiento especializado no es condición suficiente para resolver los problemas de una sociedad, pero sí condición necesaria. Es cierto que el expertise técnico se ha usado muchas veces para encumbrar o mantener a una élite que sólo busca preservar el poder y servirse de él. El fracaso de muchas de las políticas de desarrollo está bien documentado en libros como el de W. Easterly (2014) cuyo título explica el contenido de su crítica: La Tiranía de los expertos: Economistas, dictadores y los derechos olvidados de los pobres. Cuando habla de los economistas se refiere a su ignorancia sobre el contexto en el que ponen en práctica sus modelos. Cuando habla de los dictadores se refiere al uso que han hecho los organismos internacionales dedicados al desarrollo de autócratas locales que les garantizan el control político de la población para poner en práctica sus experimentos. Cuando habla de los derechos olvidados de los pobres describe la dolorosa realidad.
Es de celebrar que haya un Gobierno que quiera ponerlos en el centro de sus políticas, pero la solución no es prescindir del conocimiento y sustituirlo con ocurrencias. Desgraciadamente, la improvisación y oídos se han vuelto sello de la nueva administración: Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, programas sociales, Guardia Nacional …