Después de la tormenta
Casi 500 mil votos obtuvo el ganador de la disputa por la gubernatura de Sonora, más de 16 puntos sobre su más cercano competidor. La memoria no registra una diferencia tan abrumadora en los últimos procesos locales, algunos de los cuales se dirimieron en los tribunales. Los sonorenses votaron de manera clara y contundente por un cambio, por una transformación de raíz del actual estado de cosas en la entidad. Votaron por mandar al caraj... al grupo de poder que desde hace tres o cuatro décadas gobierna la entidad con criterios patrimonialistas. Sufragaron por un nuevo orden político y económico cuyos contornos estén muy bien delimitados. Concurrieron a las urnas para que nunca más las decisiones de política pública se tomen con base en intereses particulares o de grupo.
Los sonorenses votaron para acabar con los privilegios de una élite burocrática que despilfarra los recursos sin mayor escrúpulo. Decidieron que ya no hubiera mayor endeudamiento y que se gobierne con austeridad, a fin de que los muchos o pocos fondos disponibles se apliquen con estricto apego a las necesidades de la población y se pondere la inversión productiva en lugar de gastar en superficialidades.
Toca ahora a la futura administración cumplir las expectativas de una ciudadanía sedienta de resultados y esperanzada en que un mejor futuro es posible. El nuevo Gobierno deberá dar satisfacción a una población que añora vivir en paz, que sueña con que se incrementen los empleos bien remunerados, que espera que las ciudades, las colonias y los barrios remonten años y años de rezago y abandono.
La primera disyuntiva a despejar por el nuevo Gobierno tiene que ver con la definición de las prioridades sobre las que ha de trabajar en lo inmediato, es decir, tan pronto asuma el timón del Estado en septiembre.
A simple vista, lo primero será poner orden en las finanzas. Se ha dicho que la Hacienda estatal está en bancarrota; que se heredará una administración pública cuya salud financiera deja mucho qué desear; que en materia de dinero está en terapia intensiva y en riesgo de colapsarse. En estas condiciones, será perentorio aplicar un vigoroso programa de austeridad que garantice los ahorros suficientes para enfrentar la contingencia financiera. Al mismo tiempo, habrá que revisar a profundidad la plantilla de servidores públicos, dado que se sospecha que la nómina es excesiva, abultada artificialmente; por lo mismo un adecuado y justo redimensionamiento generaría ahorros significativos.
De confirmarse esta especie se evidenciaría que el presupuesto ha estado mal ejercido y de que se requieren ajustes profundos para resolver tal irregularidad. Lo mismo se puede decir de otros capítulos donde a simple vista prevalecen el exceso y discrecionalidad presupuestal. Un ejemplo basta para ilustrar esa situación: El presupuesto del Congreso local es superior a los 800 millones de pesos, cuando estudios serios sugieren que con la mitad podría operar sin contratiempos. No es un despropósito pensar que así están otras dependencias que forman el organigrama del aparato burocrático.
Se trata de que el nuevo Gobierno modifique el ejercicio del gasto para que la inversión productiva y el apoyo a los más necesitados estén en primera fila a la hora de diseñar el programa económico anual. Ya veremos cómo evolucionan estas prioridades y cómo se confeccionan los programas que permitirán cumplir los compromisos de cambio y transformación asumidos en campaña.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN SONORA
De acuerdo con la información publicada por el IMSS, el mercado laboral en Sonora no muestra una evolución positiva. El total de empleos registrados por esa dependencia en mayo ascendió a 623 mil, casi nueve mil menos respecto a marzo del año en curso y alrededor de 20 mil en relación con el máximo nivel alcanzado en febrero de 2020. Considerando estos datos, la reactivación de la economía estatal resulta un asunto urgente que será tarea, ya nadie lo duda, del Gobierno que arrancará en septiembre próximo.