Libra Eugenio Ímaz acusación de la FGR
La demanda era por haber ocupado la Embajada en España, sin contar con título de licenciatura
CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia federal rechazó vincular a proceso a Eugenio Ímaz Gispert, ex director del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por supuestamente haber ocupado el cargo de ministro en la Embajada de México en España, sin contar con título de licenciatura.
La Fiscalía General de la República pidió que procesaran al ex funcionario por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero tanto un juez de control como un tribunal de alzada resolvieron no vincularlo al procedimiento penal.
Además, el pasado 28 de octubre Alberto Torres, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, acordó cancelar la carpeta de investigación en su contra, lo que significa que ya no podrá volver a ser imputado por este asunto.
La Fiscalía había señalado que Ímaz ocupó ilegalmente el cargo en la Embajada de México en España, porque los artículos 7 y 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) exigen el grado académico de licenciatura.
El ex jefe de inteligencia libró el caso porque ese requisito se exige a partir de la reforma del 19 de abril del 2018 a la LSEM y su nombramiento fue emitido en marzo de ese año.
ACUSAN A GARCÍA LUNA
Bryan LeBarón y familiares de detenidos denunciaron ante la Fiscalía General de la República a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, por torturas y fabricación de un montaje para presentar ante la prensa a 11 personas como miembros de una banda de secuestradores.
Se trata del operativo que el 13 de septiembre de 2006 llevó a cabo la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en una casa de la alcaldía Tláhuac, en la que detuvo a todos los supuestos integrantes de una banda de plagiarios que denominó como “Los Mohamed”.
La querella fue presentada en la sede principal de la FGR, en la Glorieta de Insurgentes, por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y contra la administración de la justicia, en la modalidad de fabricación de pruebas.
En la época de los hechos, García Luna era el titular de la AFI y Cárdenas Palomino su director general de Investigación Policial.