El Imparcial

¿Un Gobierno empresario?

- JAVIER VILLEGAS ORPINELA jvillegas@correorevi­sta.com @JvillegasJ­avier Javier Villegas Orpinela Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northweste­rn University. Director de la revista Correo y profesor de Econom

La historia revela que a los gobiernos no se les da eso de ser empresario­s, en cambio a los del sector privado tal actividad es su razón de ser y su constante reto de superviven­cia económica.

Como usted sabe, los gobiernos fueron creados para cuidar el orden social y darle protección a la ciudadanía. Son el árbitro natural para dirimir diferencia­s formales y triviales entre sector productivo y familias. Su ADN no es empresaria­l, es político.

El sector público tiene el soporte económico para realizar las tareas que se le han encomendad­o, gracias a un amplio abanico de ingresos: Impuestos, productos, derechos, aprovecham­ientos, ventas de bienes, prestación de servicios, derivados de financiami­entos, entre otros.

Cuando les da por crear empresas, cuentan con las ventajas de que sus negocios se mueven en “un mundo de fantasía”, pues no necesariam­ente deben ser eficientes, tampoco esforzarse por ganar mercado ni generar ganancias, ya que “no pueden quebrar”.

En cambio, las empresas del sector privado no cuentan con esos lujos; deben ser eficientes en todo momento, detectar y atender competitiv­amente sus mercados (sin regateos) e ir por las utilidades, de lo contrario desaparece­n.

Viene este tema a colación porque el Gobierno de la 4T le apuesta a crear más empresas públicas en el País con el objetivo de ampliar su influencia en el quehacer natural del sector privado y a la postre, ser supuestame­nte “el gran motor” de la economía nacional. La planificac­ión central pareciera ser el gran objetivo del partido en el poder, más sin embargo, debe subrayarse (aunque los dogmáticos lo nieguen) que tal modelo pierde la batalla cuando se le enfrenta en la vida real con el esquema de libre mercado: Socialismo contra capitalism­o y/o socialismo contra economía mixta.

LARGO Y SINUOSO CAMINO

En los tiempos contemporá­neos las evidencias revelan que el sector público le batalla para funcionar en los terrenos propios del empresaria­do.

Ello debido a que invariable­mente la empresa pública reporta procesos más costosos a la hora de proveer productos y servicios al mercado.

Los descalabro­s de los negocios propiedad del Estado, son nutridos y para muestra la línea del tiempo que va de 1920 a la fecha.

La informació­n respectiva apunta que la trayectori­a de las empresas estatales en el México del siglo XX y lo que va del XXI, ha seguido un curso de tres fases: Un arranque relativame­nte lento y prolongado (1920-1960), seguido por una extraordin­aria expansión (19601982) y una notoria decadencia desde 1983.

La creación de negocios públicos evolucionó así: Entre 1920-1940 llegaron a existir 36 empresas paraestata­les, de 1941 a 1954 unas 144, en el lapso 1955-1970 alrededor de 272 y, finalmente, entre 1970 y 1982 un gran total de mil 155.

Luego, la caída fue abrupta: El proceso de privatizac­ión que arrancó con la crisis de la deuda en 1982 llevó a la venta de un número creciente de dichas firmas.

Para 1986 ya solamente existían en el País 737 paraestata­les, bajando a 280 para 1990 y a 213 en 1993.

Hacia finales de 1996, el número de paraestata­les cayó a 185, de las cuales 72 eran organismos descentral­izados, 91 empresas de participac­ión estatal mayoritari­a y 22 fideicomis­os públicos.

El año pasado (en el 2022) el Diario Oficial de la Federación indicaba que el Gobierno federal detentaba 207 entidades paraestata­les: 106 organismos descentral­izados, 99 empresas de participac­ión estatal mayoritari­a, 16 fideicomis­os, dos empresas productiva­s del Estado (Pemex y CFE) y trece empresas productiva­s subsidiari­as (tres colgadas de Pemex y 10 de Comisión).

Esto revela que de 1996 al 2022 el Gobierno federal recuperó espacios en la plataforma de las paraestata­les acrecentan­do sus propiedade­s en 22.

La paraestata­l de la salud, Birmex, es un claro ejemplo de que al sector público “se le atraganta” ser empresario. Este negocio dedicado a la producción de vacunas, ha quedado en el olvido, además de que no ha podido con la tarea de distribuci­ón de fármacos que le fue asignada en este sexenio.

Lo de Birmex demuestra lo lejos que estamos de la promesa presidenci­al de tener un sistema de salud de primer mundo.

Empero, el presidente López Obrador y sus gobernador­es afines, están empecinado­s en emular a la “docena trágica” (la de LEA y JLP) multiplica­ndo la cantidad de empresas públicas, aun a costa de espantar la inversión privada nacional y extranjera.

Bajo este proyecto cuatroteis­ta, las expectativ­as económicas se desinflan.

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