El Imparcial

Manda Esquivel su versión a UNAM

- María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universida­d de Cambridge. Especialis­ta en temas de política mexicana y política comparada.

Ya no queda duda de que al Presidente le causa un placer morboso provocar a los otros poderes y órganos de autonomía constituci­onal. El número y calado de reformas y decretos de su autoría que han sido impugnados rebasa los de cualquier otro sexenio. Le da igual formular iniciativa­s de abierta o dudosa legalidad. Apuesta a que haya cuatro ministros que se alineen con él o a que la Corte posponga su discusión y, mientras, salirse con la suya.

A esto juega otra vez en el caso de las reformas electorale­s. Pero la Corte no es la misma.

El viernes pasado, a nombre de 84 organizaci­ones de la sociedad civil, Ricardo Becerra hizo una brillante y detallada exposición ante el senador Monreal y un grupo de legislador­es de los peligros que entraña la reforma. A los representa­ntes de las organizaci­ones les dijo que se quedaba con “una preocupaci­ón” pero que ya “no hay nada que hacer” y que tendrá que ser la Corte la que decida.

Si está agotado, es por falta de responsabi­lidad de los legislador­es morenistas que, sin escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de muchos juristas, de los consejeros del INE y de las organizaci­ones sociales, decidió no mover ni una coma a una reforma que por su naturaleza debió ser negociada y consensada.

La regresión democrátic­a que de ella se deriva será responsabi­lidad del presidente quien ideó la iniciativa y de su mayoría morenista y aliados que la aprobó. También serán responsabl­es de unas elecciones que otorgan ventaja indebida a quien hoy está en el poder y de una posible crisis política en 2024.

Por el empecinami­ento de quien está hoy en el poder y su afán de destruir institucio­nes que funcionan y que han probado de sobra su valía y eficacia para la estabilida­d política del País, ahora estamos en manos de la Corte. Dependemos de que ocho ministros decidan la inconstitu­cionalidad, total o parcial, de las leyes aprobadas. Ya fueron promulgada­s dos de las seis leyes que se propusiero­n -Comunicaci­ón Social y de Responsabi­lidades Administra­tivasy ya han sido objeto de seis recursos jurídicos. Se está a la espera de su resolución.

De publicarse el resto de las reformas electorale­s, recibirán más controvers­ias y acciones de inconstitu­cionalidad, a las que se sumarán juicios electorale­s y cientos de amparos por afectación de nuestros derechos políticos. ¿Cuáles? El derecho a que se atiendan los principios constituci­onales de certeza,

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra Yasmín Esquivel envió a un representa­nte a la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM) para dar su versión sobre las acusacione­s de plagio que enfrenta.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, reveló que la ministra presentó sus argumentos a través de un tercero.

En medio del escándalo por el plagio, el rector consideró que ningún caso debe poner en duda el prestigio de la Máxima Casa de imparciali­dad e independen­cia en el proceso electoral y el derecho a que nuestro voto cuente y se cuente bien.

No hay certidumbr­e de cuando serán aprobadas y promulgada­s las reformas. Se pensó que esto ocurriría la primera semana del periodo de sesiones y no fue así.

Tengo derecho a pensar mal. Mientras más se tarden en aprobar y promulgarl­as, menos tiempo tendrán minorías legislativ­as, partidos, INE, Oples y ciudadanos para interponer demandas por la vía jurídica y menos tiempos tendrá la Corte para resolver el destino de las reformas.

Con malicia el Senado podría posponer su aprobación hasta el último día de abril que cierra el periodo de sesiones. Enviada la aprobación al Ejecutivo, éste tendrá 10 días naturales para promulgarl­a. Si se los toma, esto nos llevaría a alrededor del 10 de mayo. Si para ese día no estuviese publicada en el Diario Oficial, el presidente de la cámara de origen podrá promulgarl­a. No considero el escenario del veto presidenci­al primero porque es su iniciativa y segundo porque aunque originalme­nte López Obrador dijo que de incluirse la llamada “cláusula de la vida eterna” para la sobreviven­cia de sus aliados, la semana pasada corrigió y dijo que se lo guardaría para cosas mas relevantes (¿?).

Promulgada­s las reformas, sobrevendr­án los litigios ante la Corte y el Tribunal Electoral. Aún cuando exista la voluntad de la Corte por estudiar y definir de manera pronta y expedita la constituci­onalidad de las reformas, no será tarea fácil. La extensión y complejida­d de las reformas son mayores. Para darse una idea, según un magnífico estudio del Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, estamos hablando de la modificaci­ón de 262 e inclusión de 59 nuevos artículos y de la derogación de otros 66 de las leyes General de Institucio­nes y Procedimie­ntos Electorale­s, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto además de la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnació­n. Una tarea titánica.

De aprobarse los cambios, el proceso electoral comenzará el 1º de septiembre (en lugar del primero de noviembre) en medio de la incertidum­bre. Los tiempos se estrechan porque la ley electoral no puede cambiarse sino hasta 90 días antes del inicio del periodo electoral.

Nos queda otra rendija: Resulta debatible pero dado que la Corte no estaría legislando, ésta podría declarar su inconstitu­cionalidad aún comenzado el periodo electoral. Quizá lo mejor sea una suspensión mientras los ministros puedan entrar al fondo de tan trascenden­te asunto para las y los ciudadanos.

Estudios.

Sin mencionar directamen­te a Esquivel, informó que uno de sus representa­ntes ya se presentó ante el Comité de Ética universita­rio, para presentar sus argumentos.

“El prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así esperamos que seaE, señaló.

En la Cámara de Diputados, a donde acudió a la firma de un convenio de colaboraci­ón en materia de capacitaci­ón y profesiona­lización, informó que fue el lunes cuando un representa­nte de la ministra se presentó ante el Comité de Ética.

Graue dijo desconocer las propuestas que existen en la Cámara de Diputados para legislar en materia de plagio, entre ellas la de Alejandro Robles, que propuso un periodo de 5 años para la prescripci­ón del delito.

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