LO QUE ÉL QUISO DECIR
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
El pasado 3 de febrero, Australia se convirtió en el primer país del mundo en legalizar los hongos alucinógenos, para uso médico.
Antes podían ser utilizados en ensayos clínicos controlados, pero ahora las autoridades médicas australianas decidieron su uso terapéutico tras encontrar “suficiente evidencia sobre sus potenciales beneficios en ciertos pacientes”.
A partir de julio de este año los médicos siquiatras podrán recetar estas substancias en caso de depresión y estrés postraumático.
Los especialistas que trabajan en el campo de la salud mental aplauden la decisión de las autoridades porque estas sustancias pueden ayudar positivamente a las personas atendidas por ellos.
El pasado enero Oregón se convirtió en el primer Estado de Estados Unidos en legalizar el uso médico de los hongos alucinógenos, para poner en operación el resultado de una consulta popular que hace dos años aprobó esta medida.
En la provincia de Columbia Británica, Canadá, el pasado 2 de febrero entró en vigor la extensión de una ley federal que permite la posesión para uso personal de ciertas drogas, que se consideran duras. Portugal y Estonia ya habían tomado medidas similares.
Es un proyecto piloto que se va a extender por tres años y tiene como objetivo privilegiar un enfoque basado en la salud pública y en la reducción de estigmas por encima de uno de corte punitivo.
La ministra de Salud Mental de Columbia Británica, Jennifer Whiteside, afirma que “en vez de tratar a estas personas como delincuentes, se les dará cuidado y compasión. Tendrán acceso a información”.
Esta provincia es la más golpeada por la epidemia de opiáceos y la que ha tenido el mayor número de muertes a consecuencia de sobredosis. Se calcula que son más de 11 000 personas las que han perdido la vida por esta causa.
De acuerdo con la disposición, los ciudadanos mayores de 18 años podrán poseer para consumo personal un máximo de 2.5 gramos de cocaína, metanfetamina, MDMA y ciertos opiáceos (como heroína, fentanilo y morfina).
La Policía no podrá confiscar dichas sustancias y los consumidores estarán a resguardo de multas, arrestos o acusaciones. A cambio, recibirán información sobre los recursos sociosanitarios a su disposición.
Ya la Policía ha recibido cursos, para actuar en el marco del nuevo enfoque de salud pública. Se les ha enseñado que la despenalización contribuye a alejar a las personas que consumen drogas de la esfera judicial para dirigirlas a los servicios de atención social.
La medida no implica la legalización sino la despenalización para reducir, en la medida de lo posible, el estigma, el miedo y la vergüenza que sienten los que consumen estas drogas en calidad de enfermos.
Columbia Británica ha destinado 320 millones de dólares estadounidenses para en los próximos tres años luchar contra esta crisis, que entre otras cosas implica una campaña de información destinada a la población general, que explica el concepto y las bases de la despenalización.
El pasado octubre una encuesta en Canadá dio como resultado que el 40% de los encuestados apoyaba la idea de despenalizar todas las drogas para uso personal. Apenas un año antes, la opinión era del 33%.
La tendencia mundial, en unos países más rápido que en otros, es despenalizar la posesión individual de todo tipo de drogas. Se ve que su consumo es una decisión personal y no del Estado.
Ante el fracaso de la política punitiva y de guerra contra las drogas, que se hace presente todos los días en todos los países del mundo, es necesario avanzar en la línea de la legalización-regulación de todas ellas.
Injurias multadas
Los morenistas y sus aliados en la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados pensaron que quedarían bien con el presidente López Obrador y aprobaron sin discusión, con el voto en contra de la oposición, una propuesta de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández para subir las multas por injuriar al Presidente en la vieja Ley sobre Delitos de Imprenta. Al Presidente no sólo no le gustó, sino que anunció que la vetaría. Con rapidez inusitada el coordinador morenista, Ignacio Mier, la retiró y explicó en Twitter: “La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al pleno”, como si estuviera frenando una iniciativa de la oposición.
La Ley sobre Delitos de Imprenta es un resabio de otros tiempos. La publicó Venustiano Carranza el 12 de abril de 1917, cuando era todavía jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, antes de ser Presidente constitucional, para imponer sanciones a las publicaciones que “atacaran” la vida privada, la moral o la paz pública. La disposición no quedó dormida en un cajón estos casi 106 años; los legisladores le han hecho varias enmiendas, la última apenas el 20 de mayo de 2021. El artículo primero, que castigaba las injurias a la vida privada, ya fue abrogado.
El artículo 33 establece penas de “seis meses de arresto a año y medio de prisión y multa de 100 a mil pesos” por “injurias al Presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. Dispone también cárcel de tres meses a dos años en los casos de injurias “contra el Congreso de la Unión o alguna de las Cámaras, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Ejército, la Armada o Guardia Nacional”, y “tres meses de arresto a un año de prisión y multa de 50 a 500” por injurias “a los secretarios del despacho, al Fiscal General de la República o a los directores de los departamentos federales, a los Gobernadores, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”. Las sanciones son obsoletas, pero no por los montos de las multas, como argumentaban los diputados oficialistas, sino porque son una censura. Además, resultan irrelevantes hoy en día, porque sólo pueden aplicarse a impresos. Increíblemente, los diputados que aprobaron el aumento de las multas el 14 de febrero no se dieron cuenta de que apenas el 26 de noviembre de 2020 el pleno de la Cámara ya había votado por abrogar la ley. El diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabe declaró entonces: “Consideramos que para garantizar la libertad de imprenta es necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que esta ley establece”. La iniciativa se mandó al Senado y ya no se supo de ella.
El Presidente bateó ayer mismo la nueva propuesta. “Me sorprendió -dijo-que autorizan en la Cámara de Diputados que el que insulta al Presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. No necesito eso. Yo no lo promoví. Lo voy a vetar. Eso para qué, o sea, no. Libertad de expresión”.
La reacción es la que cabía esperar de AMLO, quien si bien aprovecha sus mañaneras para quejarse de quienes lo critican, siempre se ha pronunciado por preservar la libertad de expresión. Los diputados que quisieron quedar bien con él deberían ahora darle seguimiento a la iniciativa que abrogó la ley en 2020. El Senado debe poner fin a la larga agonía de esta legislación.
“El mejor modo de vengar la injuria es no parecerte al que te la infirió”,
REY ZAMBADA
Gabriel Regino, ex subsecretario de seguridad en el Gobierno de AMLO en la Ciudad de México, ha negado haber recibido dinero de Jesús Zambada, como este declaró. No hay pruebas, más que el testimonio de un criminal, como no las hay en las declaraciones de que entregó dinero a García Luna. Una vez más, se necesitan pruebas y no sólo testimonios de criminales.
MARCO AURELIO.