El narco en las urnas
El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, realiza un cuidadoso análisis sobre las actividades del crimen organizado en las elecciones en las que influyen de manera decisiva.
Lo da a conocer en la exposición de motivos en una iniciativa de ley para proteger la democracia y los procesos electorales de la acción del crimen organizado, que presentó en diciembre pasado y ahora se estudia en comisiones.
Afirma que en los últimos 20 años han sido asesinados 1,271 políticos: El 81% competía por cargos municipales (alcaldías, regidurías y sindicaturas); otro 14% participaba por diputaciones federales y gubernaturas; y el 6% aspiraba a diputaciones federales.
Moreira, que se ha dedicado a investigar este tema, asegura que las elecciones de 2012 y 2017 se caracterizaron por “un crecimiento sistemático de la violencia, registrándose cada vez un mayor número de robos, atentados, secuestros y asesinatos perpetrados en razón del proceso electoral”.
La elección de 2018 implica un salto y ocurren actos de violencia e ilícitos de mayor envergadura en comparación con cada una de las elecciones desde el año 2000. En esa ocasión se registraron 774 hechos de violencia con un saldo de 152 víctimas mortales.
En las elecciones del 2021 se contabilizaron 1,066 ataques a políticos, un incremento del 38% en comparación al proceso electoral anterior. En estas elecciones se registraron 102 víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas, aspirantes y candidatos.
Moreira sostiene que como nunca antes en esas elecciones intervino el crimen organizado. El PAN, PRI y PRD elaboraron un informe que entregaron al Departamento de Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos en una visita a Washington.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), registró 280 casos de candidatos a diversos cargos de elección, principalmente aspirantes a presidentes municipales, que tuvieron que solicitar autorización a la delincuencia para poder participar en el proceso.
Es el caso del alcalde Alfredo Sevilla Cuevas del MC, presidente municipal de Casimiro Castillo, quien solicitó la autorización del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para contender en el proceso de reelección como candidato.
Otros fueron asesinados por no querer retirarse de la contienda como Abel Murrieta del MC recibió advertencias de un grupo ligado al CJNG para que desistiera de participar. En Tamaulipas, Francisco Rocha Chávez, candidato a diputado por el PVEM fue asesinado por Los Zetas.
Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Sinaloa fueron privados de la libertad. Y el día de la jornada electoral el crimen organizado “levantó” a 20 operadores del PRI. Ninguno presentó denuncia porque declararon que su vida está en riesgo.
El informe entregado en Washington da prioridad a Sinaloa. Los líderes del PRI, PAN y PRD aseguran que Morena llegó a la gubernatura por acción del cártel dominante. A pesar de la gravedad de las acusaciones ninguna autoridad se ha preocupado por establecer lo sucedido en Sinaloa y otras entidades.
Moreira afirma que en el último proceso electoral hubo entidades en las que el crimen intervino de manera violenta en las casillas, con objeto de favorecer a determinados candidatos. En Michoacán, por ejemplo, comandos armados se presentaron en casillas de siete municipios para tomar las boletas y marcarlas a favor de Morena.
En Guerrero, comunidades enteras fueron inducidas a votar por candidatos aprobados por los cárteles. En el Estado de México, candidatos fueron amenazados de muerte y a otros no los dejaron participar o hacer campaña.
El diputado sostiene que los procesos electorales en México corren peligro y que la violencia criminal se ha extendido prácticamente a todo el territorio y ha producido una crisis de seguridad generalizada donde cada vez resulta más alarmante y compleja la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Y añade que ahora es más visible cómo grupos de la delincuencia organizada inciden en las elecciones, amplían sus formas de acción, secuestran e inmovilizan a equipos completos de campaña; se apoderan de casillas electorales y obligan a los ciudadanos a emitir su voto públicamente o por consigna.
Y de manera contundente sostiene que la violencia político-electoral es una realidad que pone en riesgo a quienes compiten por cargos, a quienes gobiernan y a las reglas más elementales de la democracia. La indiferencia de algunos gobiernos es absurda, la frivolidad de los partidos es suicida. Las urnas están a merced del narco.