El Imparcial

MARÍA AMPARO CASAR

- María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universida­d de Cambridge. Especialis­ta en temas de política mexicana y política comparada.

Desde el sexenio pasado Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó la compra del llamado malware “Pegasus” a través de empresas fachada. Se lo vendieron a

la PGR en 32 millones de dólares. También a la Secretaría de Marina y a otros estados. Tanto Animal Político (2016) como MCCI (2016 y 2017) revelaron, en lo que hoy se llama la “época neo-liberal de privilegio­s, corrupción y prensa vendida” la red de empresas involucrad­as en la venta. Develamos también que Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Investigac­ión Criminal, estuvo al frente de las negociacio­nes y fue uno de los promotores del uso de tecnología para perseguir delitos de alto impacto, pero también para espiar a periodista­s y activistas de derechos humanos. Entre ellos tres integrante­s de MCCI.

Las investigac­iones fueron tan sólidas y bien documentad­as que tiempo después la UIF bloqueó cuentas y denunció ante la FGR a Grupo Tech Bull y a Balam Seguridad Privada, dos empresas vinculadas con la adquisició­n del malware.

En ese entonces López Obrador condenó dura y convenient­emente los hechos y se comprometi­ó a que se acabarían esas prácticas.

Hoy, Animal Político junto con otros consorcios periodísti­cos (Aristegui Noticias, Proceso, R3D, Artículo 19 y SocialTic) publicó una incuestion­able investigac­ión, ofreciendo documentos oficiales que confirman que la Sedena de este sexenio ha realizado espionaje a civiles que investigab­an presuntas violacione­s a derechos humanos cometidas por Ffaaa pese a que esto es ilegal.

En la mañanera del 9 de marzo la valiente, inteligent­e y respetuosa reportera de Animal Político, Nayeli Roldán, puso al Presidente en aprietos al preguntarl­e “si fue informado de esto y si lo autorizó”. Fue precisa sin recurrir a la estridenci­a o al insulto: “Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya… elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatur­a de Inteligenc­ia… dirigido al secretario de la Defensa”. “Y este reporte considerad­o como secreto, da cuenta de las comunicaci­ones telefónica­s que tuvo Raymundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con tres periodista­s”.

López Obrador dijo conocer el reportaje y con su tradiciona­l decia magogia argumentó que lo de antes era espionaje y lo de ahora inteligenc­ia. Sí, como lo de antes era compra ilegal de votos y lo de ahora es atención a los pobres, lo de antes era financiami­ento ilegal de campañas y lo de ahora “aportacion­es para el movimiento” o lo de antes era opacidad y lo de ahora es resguardo de datos por seguridad nacional.

No cuestionó ni una coma del reportaje, sólo dijo que “no hay ilegalidad alguna”, que “le tiene confianza a los mandos” y que “saben que está prohibido el espionaje”. Lo descalific­ó por provenir de medios que están en su contra a pesar de que la reportera mostró y entregó los documentos.

Ante tal contundenc­ia hizo lo que mejor sabe hacer, faltar a la verdad: “Nosotros no espiamos” fue su única defensa. Por cierto, nos enteramos de que además del Centro Nacional de Inteligenc­ia existe otro del que no hay informació­n: El Centro Militar de Inteligenc­ia. ¿Qué es?

Su argumento preferido es que recibíamos dinero del Gobierno o de fundacione­s extranjera­s y que antes callábamos como momias porque estábamos comprados. ¡Qué falta de memoria! Todas las pruebas que exhibe en las mañaneras de la corrupción pasada es justo la que hicimos y exhibimos en su momento esas organizaci­ones y periodista­s que hoy llama corruptos.

Recurrió a la lista de recursos por publicidad oficial del pasado. Toda legal y toda con su

correspond­iente pago de impuestos. Lo que omitió fue la lista de ahora que con la ley vigente tampoco es ilegal, aunque siguen sin emitirse los prometidos lineamient­os para otorgar recursos. De acuerdo a Compranet, Demos (La Jornada) recibió tan sólo en 2022, 177.9 mdp y Editorial Acuario (dueña entre otros de Tabasco Hoy) 49 mdp. No figuran entre los Top 10 proveedore­s ninguno de los medios a los tanto que denuesta. La informació­n y el reparto de recursos tan parcial y tan discrecion­al como siempre.

La conclusión es ineludible. El Gobierno que se precia del “no somos iguales” es igual o peor.

La joya de la corona. Cuando la reportera -a sabiendas de que siempre que le hacen una pregunta que él no quiere contestar ofrece traer a los titulares- le pidió al Presidente que invitara al director del Centro Militar de Inteligenc­ia para explicar la base legal del espionaje, la compra de “Pegasus” y la informació­n de los contratos. Contestó: “No tienen por qué venir… porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene que son contrarios a nosotros… ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? Es una prensa tendencios­a, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos; entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?”.

¿Pues no que la mañanera era “la tribuna de la sociedad”?

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