CERRO DE LA CAMPANA
Ni las muertes, lesionados, accidentes, quejas, propuestas de organizaciones ciudadanas, tampoco el plazo que se tenía para armonizar el marco legal han ayudado a tener la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en Sonora.
“No podemos permitir ni una sola muerte por accidentes viales”, fue una de las expresiones expuestas ayer en la conferencia de prensa de los integrantes de la mesa de Movilidad de la organización Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, que fue encabezada por el director general de HCV, Ernesto Urbina.
El pronunciamiento de los representantes de colectivos y especialistas fue puntual: “Ya son más de 120 días de incumplimiento por el Congreso de Sonora al no realizar la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”.
Parece que los legisladores no ven lo que sí ve la gente y las familias que han sido víctimas de los accidentes viales pues sólo en Hermosillo, que está hecho un caos en movilidad, el año pasado 66 murieron por este tipo de percances, y entre 2017 y 2021, han fallecido 91 peatones y 30 ciclistas.
Esto es un claro ejemplo de cuándo las demandas e intereses de la sociedad son relegados por las prioridades de los políticos.
Hay que esperar la respuesta de los diputados de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, presidido por Claudia Zulema Bours Corral, sobre lo que ha pasado con esta legislación o si los ciudadanos tendrán que esperar otros 120 días para tener noticias.
Tras semanas de inquietud de los ciudadanos y las autoridades de Ímuris por la reubicación de las vías del tren de Nogales ayer el gobernador Alfonso Durazo confirmó que se reunirá el lunes con los pobladores para demostrarles que el Municipio no resultará afectado.
El temor de la gente es que el cambio de las vías del ferrocarril proyectado por el Gobierno del Estado perjudique a su población y sus tierras, y eso se generó tras circular un supuesto trazo de lo que sería la nueva red, que ya había indicado el gobernador Alfonso Durazo que era falso y que no afectarían otra ciudad.
Sin embargo, la preocupación continuó e incluso, el presidente municipal de Ímuris, Jesús Lleonardo García Acedo, dijo ayer durante su participación en una reunión en Palacio de Gobierno, que la gente estaba inconforme, por lo que él mismo confirmó que habrá una reunión para despejar dudas sobre el plan del movimiento de vías.
Lo que adelantó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ayer reavivará el debate sobre la seguridad en el País y el rol de los militares, además que exigirá un riguroso trabajo de investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sobre el asesinato de cinco jóvenes en Matamoros, Tamaulipas, a manos de militares, el subsecretario Encinas señaló que los jóvenes no estaban armados ni hubo un enfrentamiento arml aAdleojancdorno Elon-s miembros del Ejército, por lo que consideró qucienaesxisten elementos para indicar que se trató de “una ejecución”.
Esa información proporcionada por el funcionario federal, a cargo de los asuntos de Derechos Humanos, Población y Migración, causó indignación y una ola de señalamientos, por lo que será la CNDH, presidida por Rosario
Piedra Ibarra, la que tendrá que esclarecer lo sucedido y que las autoridades competentes se encarguen de deslindar responsabilidades.