Cuando se impone el más fuerte
Una tras otra se apilan las historias de violencia en nuestro País.
En Taxco, unos sociópatas secuestran y posteriormente asesinan a una niña de 8 años de edad. Como suele ocurrir en México, las autoridades no reaccionan con eficacia y rapidez. Una turba encuentra a una de las presuntas responsables de este terrible asesinato y, frente a la policía, la desnudan y golpean hasta la muerte. El linchamiento como forma de venganza, que no de justicia.
En Culiacán, a plena luz del día, grupos delincuenciales secuestran a 66 personas, incluyendo mujeres y menores de edad. Familias completas. Es un secuestro masivo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, minimiza los hechos: “Son cosas que pasan”, asevera.
Luego aparecen narco-mantas en la capital sinaloense. Resulta que los secuestrados son de familias de presuntos ladrones a los que el cártel local está castigando porque ellos, no las autoridades, son las que procuran el orden en la entidad.
“Esto le va a pasar -afirma una de las mantas- a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarles a sus casas a invadir su privacidad. Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión y cobro de piso”. Firma IAG. Se entiende que Iván Archivaldo Guzmán, el hijo del “Chapo”.
Los secuestradores sueltan a la mayoría de sus víctimas aterrorizadas, salvo a ocho que las autoridades estatales y federales siguen buscando.
En Celaya, una ciudad azotada por la violencia, la candidata de Morena a la presidencia municipal, Gisela Gaytán Gutiérrez, participa en un acto de campaña. De nuevo, a plena luz del día, unos sicarios la asesinan a balazos y huyen con toda impunidad. Los políticos de todo el espectro condenan lo sucedido y comienzan a responsabilizar a los de enfrente. Nadie se hace responsable.
Con este asesinato, a dos meses de las elecciones, ya tenemos los comicios más violentos de la historia moderna del país. De acuerdo al “Reporte de Violencia Política” de la consultora independiente Integralia, ya son 24 los candidatos que han sido asesinados durante el presente proceso electoral.
El crimen organizado claramente está utilizando su poder de “plata o plomo” para imponer a los candidatos que les conviene a ellos.
Hay un hilo conductor en estas tres historias violentas que ocurrieron en los últimos días: la ausencia del Estado para proveer seguridad y justicia. Una turba o el crimen organizado se arrogan el derecho a gobernar y vengar a las víctimas.
En muchas zonas del País, no impera el orden del Estado sino una especia de “Estado de naturaleza” descrito por Hobbes. Esa situación donde el más fuerte se impone, sea la turba o la delincuencia organizada. Ahí no existe, o se ha destruido, el pacto social donde las personas ceden parte de su libertad a cambio de un gobierno que garantice su seguridad.
No quiero exagerar asegurando que este Estado de naturaleza está presente en todo el territorio nacional. No. Esto ocurre en ciertas regiones del País. Claramente en Guerrero, Sinaloa y Guanajuato, como hemos atestiguado en los últimos días.
En este momento que estamos en pleno proceso electoral para resolver la pregunta de quién va a gobernarnos, vale la pena echarnos un paso para atrás y cuestionarnos: ¿Quién está gobernando ahorita en estas regiones tan violentas?
No el Estado, y ya es un lugar común decirlo.
Si es así, lo que se requiere es construir un pacto social que le devuelva la gobernabilidad institucional a estas regiones.
Pero esto es imposible cuando, desde la cúspide del Estado, el Presidente polariza y divide a la sociedad.
Así es, y siempre ha sido, López Obrador.
La buena noticia es que ya se va. Yo tengo la esperanza que la próxima Presidenta, sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, lleguen con una actitud distinta y, por lo menos en este tema de la inseguridad y violencia, estén dispuestas a acordar con la oposición, de tal suerte que se tenga una política del Estado para resarcir el pacto social donde se encuentra roto.
A pesar que las candidatas están en competencia, creo que ambas entienden la gravedad de la situación y la necesidad de sumar apoyos políticos con el fin de que en estas regiones no gobierne el más fuerte sino las instituciones de un Estado democrático-liberal que provea seguridad y justicia respetando los derechos humanos.