Aprueban protocolo Alerta Azul para localización de menores autistas
En la sesión del pleno del Congreso de Sonora se aprobó por unanimidad la creación del protocolo Alerta Azul para la búsqueda de personas desaparecidas con trastornos del espectro autista (TEA).
La iniciativa, dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, consiste en una reforma a diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista con el fin de que instituciones de gobierno elaboren y difundan un protocolo especializado, complementario a los protocolos Amber y Alba, para localizar a menores con TEA que se alejan de su hogar, escuela u otros lugares, por miedo o ansiedad generados por diversos sonidos o situaciones.
La Alerta Azul, consensuada a través de reuniones de parlamento abierto con asociaciones civiles como Gibeeng Smiles y diversas instituciones de gobierno, proporcionará información médica sobre perfil psicológico y características físicas de menores con autismo que requieren atención y métodos de búsqueda particulares, de forma que integrantes de corporaciones policiacas sepan cómo acercarse a ellos de manera segura.
Adicionalmente, se presentó una iniciativa, misma que fue turnada para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que reforma los artículos 175 BIS2 y 199 BIS del Código Penal con el propósito de sancionar con uno a cuatro años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes cometan actos de discriminación contra personas trabajadoras del hogar cuando no formalicen la relación de trabajo mediante contrato por escrito, o nieguen o restrinjan cualquier derecho laboral.
Una tercera iniciativa de reforma al Código Penal estatal, tiene por objeto abordar de manera integral y efectiva la violencia digital contra las mujeres, particularmente mediante el uso de inteligencia artificial, en el uso y difusión de imágenes, videos o cualquier otro tipo de contenido visual, sonoro o audiovisual, de carácter íntimo o sexual, obtenido con consentimiento o sin él, cuando la divulgación cause un perjuicio a la intimidad, honor o reputación de una persona.
Este delito tendría una penalidad de cuatro a seis años de prisión y de 150 a 300 Unidades de Medida y Actualización.