“Tumba” el Tepjf a Cabeza de Vaca, pero deja a Anaya
CIUDAD DE MÉXICO. El Tribunal Electoral tumbó la candidatura a diputado federal del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por tener dos órdenes de aprehensión, por delitos de delincuencia organizada y cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mientras que la Sala Superior decidió mantener la candidatura al Senado del panista Ricardo Anaya, quien está exiliado al ser acusado por Emilio Lozoya de recibir pagos ilegales de Odebrecht, pero no tiene una orden de aprehensión.
Ambos proyectos fueron presentados por la magistrada Janine Otálora, quien al arrancar la sesión advirtió que presentará un recurso interno porque sus propuestas fueron entregadas a las partes quejosas y denunciadas, lo que provocó que la presionaran.
“Se revoca el registro del candidato (Francisco Javier Cabeza de Vaca) al resultar inelegible, porque se acredita la suspensión de derechos políticos prevista en el artículo 38, fracción quinta de la Constitución General, al actualizarse las condiciones necesarias para considerar que está sustraído de la acción de la justicia.
“En primer lugar, se acredita el elemento de carácter normativo porque existen por lo menos, dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, sin que hayan prescrito las acciones penales”, indica la sentencia aprobada por cuatro votos contra uno.
Se advierte que las autoridades del Estado mexicano han desplegado acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas en su contra, por lo que sí está sustraído de la justicia.
SOBRE ANAYA
La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó confirmar la candidatura de Ricardo Anaya al Senado, ya que no se acreditó que tenga una orden de aprehensión vigente.
El proyecto de la magistrada Janine Otálora planteaba confirmar el registro respectivo porque no se actualiza la suspensión de los derechos políticos del candidato.
En este caso, no se acreditó la existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal; y dos, que el candidato denunciado se encuentra sustraído de la acción de la justicia, a fin de evitar ser sujeto a proceso penal.