Recortarán 165 MDP a partidos en 2019
El próximo año, los institutos políticos en el Estado sólo recibirán 96 MDP gracias a la entrada en vigor de #Sinvotonohaydinero
La reforma con la que se modificó la fórmula para asignar el presupuesto público a los partidos, conocida como #Sinvotonohaydinero, entró en vigor el pasado 1 de julio y será la base para calcular cuántos recursos recibirán a partir del próximo año los que mantengan el registro estatal y el derecho para acceder a prerrogativas.
Con el ajuste, en los años en que no haya elecciones, como 2019, el financiamiento que se entregue a los institutos políticos para sus actividades ordinarias resultará de multiplicar el padrón electoral local por 20% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que arroja un aproximado de 96 millones 363 mil pesos, con los valores actuales.
De esta bolsa, 30% se asignará en partes iguales entre los partidos con registro y el resto se distribuirá conforme a su votación. En comparación, en 2017, último año no electoral en que se aplicó la fórmula anterior, los institutos dispusieron de 262 millones.
Con la nueva manera de calcular el presupuesto y los resultados del cómputo final de la elección del pasado 1 de julio, este medio hizo una proyección de los fondos que tendrán los partidos el próximo año.
Sólo por conservar el registro los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) recibirán 5.7 millones de pesos.
El tamaño de la rebanada presupuestal que tendrán, aumenta al sumar la variante de la votación; MC será el más favorecido con alrededor de 28 millones de pesos, Morena tendrá 23 millones, el PRI 18 millones, el PAN alrededor de 17 millones y el Verde 9.5 millones, aproximadamente. Estos montos pueden variar conforme la actualización de la UMA, del padrón electoral y si hubiera alguna modificación en las votaciones tras las impugnaciones presentadas.
Para la próxima elección de 2021, cuando se renueven Congreso local y presidencias municipales, los fondos de los partidos se calcularán al multiplicar el número total de votos válidos obtenidos en la elección del pasado 1 de julio por 65% del valor diario de la UMA.
Adicionalmente, a cada partido le darán 30% más de recursos para la promoción del voto. En las elecciones donde esté en disputa la gubernatura, diputaciones y alcaldías, el extra para actividades proselitistas será de 50 por ciento.
La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que reconoció la atribución de los Congresos locales para legislar sobre la asignación de prerrogativas a partidos, validó a la reforma aprobada en Jalisco para modificar la manera como se asignan los recursos estatales, explicó Mario Ramos González, académico de la Universidad de Guadalajara (Udeg).
El ex consejero electoral de la Entidad señaló que no advierte posibles lagunas o vacíos legales que impidan la aplicación de la reforma para calcular el presupuesto del próximo año.
“Al final la Corte determinó que es constitucional (la reforma). Hay una opinión muy clara de los ministros que la validaron como constitucional. Las legislaturas estatales tienen la atribución para determinar la manera como calculan el financiamiento”, acentuó.
La diputada Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, precisó que, así como quedó aprobada la modificación, ya no requiere reglamentos ni otros ajustes para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la aplique en la proyección del gasto para 2019.
Ramos apuntó que un criterio que deberá fijar el IEPC es cómo se aplicarán las fórmulas en los años previos a cada elección, pues los procesos electorales inician meses antes del año en el que se realiza la votación. Por ejemplo, el actual proceso comenzó el 1 de septiembre de 2017 y concluye hasta que se resuelva la última impugnación.
Apuntó que ahí se podría aplicar una fórmula mixta, calculando el ingreso de unos meses como año no electoral y los meses en los que ya inició el proceso con la fórmula aplicable a los años electorales.
Esta disyuntiva se presentaría para el proceso electoral 2020-2021 de la siguiente elección intermedia.
Al final la Corte determinó que es constitucional (la reforma). Hay una opinión muy clara de los ministros que la validaron como constitucional. Las legislaturas estatales tienen la atribución para determinar la manera como calculan el financiamiento Mario Ramos, académico de la Udeg.
Ya no hacen falta más reglamentos o reformas, la ley es muy clara en lo que respecta al financiamiento público y el Instituto Electoral debe tomar estos criterios porque ya quedaron establecidos en la ley Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.