La LXI Legislatura podría tener un gran cierre
jbarrera4r@gmail.com
Los poco menos de tres meses y medio que le restan a la actual Legislatura es tiempo suficiente para que las y los diputados que la integran pasen a la historia como los que rompieron la trama de complicidades que mantuvo postrado al Congreso por más de una década, y en medio de escándalos de corrupción e impunidad.
La oportunidad se les abre con la recomendación que les envió ya el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (que forman el Comité de Participación Social, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, el ITEI, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría del Estado) sobre los puntos mínimos que debe presentar el nuevo modelo de Fiscalía Independiente, así como el perfil y la participación ciudadana para la elección de su titular, que tienen pendiente desde junio de 2017.
Presentada públicamente ayer, esta recomendación para que la LXI Legislatura saque ya el tema de la congeladora y responda a una de las causas de mayor irritación social, como es la corrupción y la impunidad, tiene un amplio respaldo social al ser suscrita por más de 50 instituciones, entre ellas cúpulas empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Esta urgencia crece luego de conocer los datos del rezago y la inoperancia de la actual Fiscalía General del Estado, cuyo modelo fracasó si juzgamos por el déficit de ministerios públicos, agentes y laberintos burocráticos que hacen que Jalisco sea una de las entidades donde más tarda un ciudadano en presentar una denuncia, según revela el estudio de Guillermo Zepeda Lecuona.
Como lo he consignado aquí, hay que reconocer que la actual Legislatura ha tomado buenas decisiones que han contribuido a atenuar los reclamos contra un Poder Legislativo sumido en el desprestigio por las corruptelas impunes de periodos anteriores. Aunque la Legislatura saliente no denunció ni dio seguimiento hasta ahora a todos esos desvíos, su imagen ha mejorado por disminuir el financiamiento a partidos políticos y derogar el fuero constitucional antes que en ningún otro Estado del país.
Además, los actuales diputados y diputadas se atrevieron a algo que dos legislaturas anteriores temieron: la renovación de la Auditoría Superior del Estado y la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, con una lógica distinta a la que siempre había dominado en el Congreso: nombrar para estos cargos sólo a cuates y repartirlos en cuotas para los partidos políticos y poderes fácticos cómplices, lo que les garantiza impunidad.
Esta histórica participación legislativa, que les ha servido para iniciar la recuperación de la reputación de ese poder, la pueden consolidar, además de completando el Sistema Anticorrupción del Estado, cumpliendo con su obligación de nombrar al fiscal Independiente. Sería un gran cierre que los distinguiría de las legislaturas que no quisieron salir del tobogán del desprestigio. Veremos si aprovechan o no este pase a gol.