AMLO y el riesgo de su dieta de $108 mil
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Como era de esperarse, de los 50 puntos Anticorrupción y de Austeridad que presentó AMLO, el que más revuelo causó que nadie de la burocracia gane más que los 108 mil pesos mensuales que decidió ponerse el próximo Presdiente de México como sueldo.
De entrada, al asignarse este salario que es menos de la mitad del de Enrique Peña Nieto, se calcula que al menos 35 mil funcionarios y funcionarias de la alta burocracia tendrían que sufrir una baja salarial.
Sin duda, esta promesa de campaña de regresar a los servidores públicos a la honrosa medianía juarista, y acabar con los innegables e inaceptables excesos, privilegios y lujos en el que incurren las autoridades de todos los poderes y niveles de gobierno, fue una de las que más votos le generó por la irritación social que causaron por años estos gobiernos dispendiosos y corruptos en un País con más de 60 millones de pobres.
En ese sentido no le queda otra a López Obrador que cumplir si no quiere empezar a desilusionar a sus más de 30 millones de votantes que lo convirtieron en el candidato presidencial más votado de la historia.
Aún más cuando el mandato de que nadie debe ganar más que el Presidente, está, aunque como letra muerta, ya en la Constitución en el Artículo 127.
Se trata, pues, de todo un gran y complejo reto, que implica riesgos y que ha encontrado ya claras resistencias, como en la Suprema Corte de Justicia, donde los ministros aseguran que su independencia pasa por mantener su sueldo mensual de más de 388 mil pesos mensuales más prestaciones.
Muchos otros funcionarios y funcionarias, con derechos laborales obtenidos, seguramente darán la batalla legal para defender sus altos ingresos, lo que deja claro que no será una medida que se pueda aplicar sólo por decreto. Es muy probable el escenario de un alúd de litigios, incluidos, los de los burócratas que no quieran cambiar de lugar de residencia por la descentralización de Secretarías federales que también anunció AMLO.
Por ello, si López Obrador quiere evitar que estas medidas se le reviertan, deberá saber emplear todo su capital político y el robusto bono democrático que logró el 1 de Julio, con sumo cuidado y sin imposiciones.
Se debe vigilar que a los que se les tenga que bajar el sueldo, no busquen compensar la pérdida con corrupción, y por otro lado que los funcionarios con una alta formación técnica y que nada tienen que ver con la clase política, tengan una remuneración justa a la responsabilidad y labor que realizan, incluso mayor que la presidencial, sancionada por algún comité de valoración salarial independiente, que evite la fuga de talentos que degenere en un gobierno con una administración y servicios aún más deficientes. La dieta no nos debe hacer perder músculo y dejarnos en los huesos, menos si significa, en el mejor de los casos un ahorro de 7 mil millones de pesos, apenas el 2 por ciento de los 500 mil millones que AMLO prometio.