Contraloría investiga excesos en Congreso
Aunque hay un órgano de revisión, aún no hay sanciones ejecutadas Emplear a parientes, “un secreto a voces” en el Legislativo estatal
HAY 20 CARPETAS ABIERTAS
La Contraloría interna del Congreso de Jalisco tiene en proceso 20 carpetas de investigación por presuntas faltas administrativas cometidas por personal del Poder Legislativo, aunque ninguna ha concluido, informó Raúl Bermúdez, titular del área.
A poco más de un año de la creación del órgano interno de control del Congreso aún no ha emitido sanciones. “Tengo alrededor de 20 investigaciones de distintos hechos, de distintos supuestos de violación a la ley de responsabilidades administrativas, estamos en el proceso. Hay investiga- ciones por incumplimientos de contratos, servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones establecidas en la ley. En torno a eso giran las investigaciones”, comentó.
El pasado mes de mayo se inició una investigación por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de licitación para la compra de mobiliario de oficina, en el que se detectó que las bases de la licitación, aprobadas por el Comité de Adquisiciones del Poder Legislativo, fueron modificadas y se publicó un documento diferente.
El órgano interno de control del Congreso investiga a personal que se habría excedido en sus funciones, a presuntos aviadores, proveedores y empleados que estarían involucrados en irregularidades.
Revisarán si hay casos de nepotismo
El contralor confirmó que inició una investigación de oficio en los casos de las diputadas Refugio Ruíz Moreno, Juana Ceballos y Anahí Olguín, quienes podrían haber incurrido en una falta administrativa por conflicto de intereses, al contratar a familiares directos. El funcionario señaló que, aunque entre el personal del Congreso era un “secreto a voces” que legisladores emplearon a parientes, no había recibido denuncias sobre el asunto. Las investigaciones iniciaron en días pasados y la revisión de los casos de las diputadas llevará alrededor de cuatro meses.
En caso de que los hechos se califiquen como una falta grave, el asunto se remitirá al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine la posible sanción, que podría ir desde una multa hasta la inhabilitación.
“Hay investigaciones por incumplimientos de contratos, servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones establecidas en la ley”