Coordinaciones estatales morenas
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Al igual que el tema de las bajas salariales que expuse ayer aquí, otro de los temas que más polémica ha generado de los 50 puntos Anticorrupción y de Austeridad que presentó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el que se refiere al nombramiento de coordinadores estatales, una figura que anunció el virtual Presidente electo como enlace de la Federación con los gobiernos de los estados.
Al presentarlos la semana pasada, AMLO explicó que además de que colaborarán con él en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, serán los vigilantes de la aplicación de los programas federales en sustitución de los delegados. Anunció, también, que en breve designará a entre 250 y 300 coordinadores regionales; entre ellos 68 de las comunidades indígenas.
En el discurso, el tabasqueño asegura que se trata de otra de las medidas para reducir el gasto en el aparato burocrático federal. Esa premisa es indiscutible. En Jalisco operan 69 delegaciones de las secretarías, de organismos federales descentralizados y empresas paraestatales, muchas de las cuales trabajan en total opacidad. No sabemos ni de sus acciones ni de sus resultados. Más allá de las grandes y más disputadas delegaciones como el IMSS, el ISSSTE, la Sagarpa, Sedesol, CFE, Pemex, Infonavit y PGR entre otras más, el resto de estas oficinas opera y sobrevive sin pena ni gloria. Hasta antes de la alternancia política en el año 2000, el priismo las veía como una extensión de la administración central y oficinas de activismo político en las entidades. Eran también agencias de colocaciones y premios de consolación para quienes no alcanzaban puestos estelares en el centro o para premiar militancias locales. Cuando ganó el panista Vicente Fox, no supo qué hacer con las delegaciones y tardó años en ir sustituyendo a priistas por panistas. Felipe Calderón siguió con la misma lógica al igual que Enrique Peña Nieto.
Ante este panorama es una buena noticia que se dé una revisión a estas obesas dependencias públicas para definir si su existencia es o no necesaria.
Lo que ha despertado suspicacias es el hecho que entre los nombramientos figuren las y los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que perdieron las elecciones en 2017 y el pasado 1 de julio.
Esta condición ha dejado una clara señal de que las designaciones responden más a una lógica político-partidista que administrativa, con el velado propósito de fortalecer la estructura de Morena desde la administración pública, a la vieja usanza priista.
Habrá que esperar a que se defina con claridad el alcance y las funciones de estos coordinadores estatales y el proceso de depuración de las delegaciones, así como la relación que entablen con los gobernadores de cada Estado, para quienes de entrada serán una incómoda sombra, como en el caso de Jalisco entre el coordinador, Carlos Lomelí, y el próximo gobernador, Enrique Alfaro, quienes protagonizaron una caldeada competencia electoral en la que se intercambiaron múltiples acusaciones y señalamientos.