El Informador

Violencia feminicida

- GABRIELA AGUILAR (puntociego@mail.com)

Con la mirada en el horizonte y la expresión de la rabia y el dolor contenidos; de blusa blanca impecable y falda negra, cabello recogido, es una de las nueve mujeres que cargan el ataúd de Hortensia Reyes Balcázar, asesinada por su marido mientras sostenía en brazos a su bebé de nueve meses.

La imagen la vi en redes sociales, de inmediato me impactó. Leí la descripció­n y quedé helada.

En una muestra de dignidad irrefutabl­e, las mujeres de su comunidad en el municipio de Minatitlán, en Veracruz; decidieron enmarcar con dignidad el camino a su última morada. Cargaron ellas mismas el cajón y excluyeron a los hombres en esa tarea.

De acuerdo con informació­n de medios locales, Hortensia había denunciado violencia intrafamil­iar y solicitado ayuda a las autoridade­s, se la negaron.

La semana pasada, en menos de 24 horas, tres niñas fueron asesinadas en hechos distintos en Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León. Dos de ellas no pasaban los 10 años y la otra, era un bebé de ocho meses de edad.

En marzo pasado Nefertiti y Grecia fueron víctimas de una ejecución extrajudic­ial. El video de una cámara de seguridad en donde se aprecia a dos presuntos policías de Río Blanco (otra vez Veracruz), disparándo­les a quemarropa, se difundió mediante internet.

Apenas el 2 de julio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe al Comité de Expertas para la Eliminació­n de la Discrimina­ción contra la Mujer (Cocedaw) de las Naciones Unidas, sobre la situación de las Mujeres en México.

En el documento, identifica como prioritari­a la atención a la problemáti­ca de violencia contra las mujeres. Reitera la importanci­a de revisar los plazos del Mecanismo de Alerta de Género que prevé la ley, así como la eliminació­n de los obstáculos que limitan su activación; transversa­lizar la atención de las alertas como tarea del Estado y no como responsabi­lidad exclusiva de los mecanismos, fortalecer­las con recursos públicos que se etiqueten y se ejecuten con la debida transparen­cia y rendición de cuentas.

Finalmente, tras realizar su septuagési­mo periodo de sesiones la CEDAW urgió al Gobierno de México a garantizar que el feminicidi­o sea tipificado en todos los códigos penales de cada entidad federativa, así como a adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas, los homicidios y las desaparici­ones de mujeres.

Según los datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en México, casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Del total de mujeres que reconocier­on ser violentada­s, más del 35% registró daños físicos.

Y mientras tanto, los señores analistas y los que administra­n los gobiernos de todos los niveles, polemizan sobre si los funcionari­os deben ganar 60 mil pesos mensuales o si se deben o no descentral­izar las oficinas del próximo Gobierno federal.

Así las prioridade­s.

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