Desapariciones: incompetencia criminal
Otro periodo de Gobierno está por concluir y en su fase final se ha demostrado que la cara más dolorosa de la guerra en México, la de la desaparición de personas, no ha sido debidamente atendida por las autoridades.
Las respuestas de parte del Gobierno federal, y de los gobiernos estatales, como el de Jalisco, no sólo han sido tardías, sino ineficientes y en muchos casos su actuación puede calificarse como de negligencia criminal.
Las cifras dan cuenta de esta incompetencia. Hasta el 30 de abril de este año, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) sumaba 37 mil 435 ausentes, de las cuales 22 mil 983 han ocurrido desde que Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia; 61 de cada 100 desapariciones han ocurrido en este Gobierno.
No pudieron o no quisieron buscar a los desaparecidos en el sexenio del panista Felipe Calderón, y encima se acumularon casi 23 mil nuevos casos. Así como el año 2017 ha sido el más violento de la historia reciente con 25,339 muertes, ese mismo año las desapariciones llegaron a la cima con cinco mil 477 casos. Las mismas tendencias ocurren en Jalisco.
Es en este contexto que se hacen públicos los reclamos de organizaciones de familiares que tienen desaparecidos, y de organizaciones civiles que los acompañan.
Este miércoles, el colectivo Por Amor a Ellos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (Cladem) lanzaron un fuerte reclamo al Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, a quienle exigieron, entre otras cosas, cumplir con el compromiso de dotar recursos suficientes a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y a la Comisión Estatal de Búsqueda.
Reclamaron que en una propuesta enviada por el secretario General de Gobierno a los diputados del Congreso local, “(…) en ninguna parte menciona la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ni la Comisión de Búsqueda de Personas. Esta situación evidencia que la administración estatal no asumió en su agenda presupuestal la grave crisis de las desapariciones en la Entidad y las necesidades de las víctimas, tal como no cumplió con los compromisos acordados en los espacios de participación con los colectivos de familiares de las personas desaparecidas y las organizaciones de sociedad civil, violando los principios de transparencia y confianza, bajo los cuales se ha llevado a cabo estos procesos”, señala el pronunciamiento dato a conocer el 25 de julio.
El Gobierno debe cumplir con los compromisos asumidos con las organizaciones de familiares que tienen desaparecidos y de ese modo abastecer con todo lo necesario para que la Fiscalía Especializada y la Comisión de Búsqueda cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer su obligación de buscar a los desaparecidos.
Todos los incumplimientos de los gobernantes afectan a la sociedad, pero quizá ninguno como en la incompetencia para encontrar a los desaparecidos.
Si el actual Gobierno hubiera dado resultados positivos en la búsqueda de personas desaparecidas desde su primer año, y si no dejara en la impunidad la persecución de este delito, Jalisco no estaría, como está ahora, en los primeros lugares nacionales de personas extraviadas. Ha sido una negligencia criminal y extremadamente dolorosa para miles de familias y el resto de la sociedad.