Pendiente, elaboración de censo
Rafael Rodríguez, de 51 años, tuvo un problema con su hermano cuando vivía en Tlajomulco, por lo que al final lo echaron de la casa. “Fui una persona que no me he responsabilizado de mi persona, no hice una buena administración en cuanto a un trabajo, economía, entonces me vi en situación de calle, de indigencia”.
Él es de los pocos que voluntariamente solicitó apoyo en un albergue; sin embargo, es sólo una mínima fracción del grueso de personas indigentes, cuya cantidad no es medida y que aún no se contempla medir, admitió Ricardo Aparicio Jiménez, director Adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Acentúa que la Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones identificar a las poblaciones en situación de pobreza, pero de acuerdo con el concepto que marca el Estado Mexicano en la Ley General de Desarrollo Social, a grandes rasgos engloba a las personas con un ingreso precario y que además no cuentan con los más mínimos derechos fundamentales.
Pero la medición de pobreza, según esa ley, no indica que se realicen conteos en las calles. “Eso no se hace en ningún lado del mundo (la medición de indigencia), en todos los países la medición de pobreza se hace en las viviendas”.
Aclara que en México, como en todos los países, sí se hacen censos para medir la cantidad de personas en situación de calle, pero se enfocan en los grupos que desempeñan sus actividades en la vía pública. “El concepto es de personas en situación de calle, no de indigencia en el sentido que se usa en la medición de pobreza a nivel mundial”.
Ricardo Fletes Corona, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que la falta de un censo sobre este sector se debe a la insensibilidad e invisibilidad hacia estas personas y a una falta de recursos y de voluntad para atender este problema.
“El Estado tiene la obligación de velar por los derechos humanos de todas las personas, estas personas indigentes son seres humanos con derechos y el Estado tiene la responsabilidad, no es que quiera o no, es una obligación. En todo caso, que cambien la Constitución”.
En este sentido, Aparicio destaca que en términos de derechos fundamentales, la política pública tiene la responsabilidad y atribución de atender a esta población.
No es muy grande en términos cuantitativos, no representa un porcentaje muy elevado de la población, pero tienen los mismos derechos fundamentales que cualquier otro mexicano, entonces en ese sentido sí son objeto de la atención de la política pública Ricardo Fletes Corona, académico de la Udeg.