Morena y Poder Judicial pactan austeridad
La SCJN aplicará un recorte millonario; los funcionarios elegidos desde 2010 no podrán ganar más de 108 mil pesos mensuales
Hay acuerdos. Ayer se reunieron diputados federales de Morena y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que obliga a que nadie gane más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la reunión se confirmó que será el Poder Judicial de la Federación el que definirá el monto de los salarios y que la reducción solamente aplicará a los que ingresaron desde 2010 o nuevos ingresos.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, subrayó que en la cita estuvo el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y se garantizó que se aplicará la disposición transitoria de la reforma constitucional de 2009, en la que se prevé que los ministros electos a partir de 2010 entrarían en la dinámica de reducción de sueldos por debajo del Presidente, que ahora se fijó en 108 mil pesos mensuales netos (con impuestos descontados).
“En el Presupuesto 2019, la Suprema Corte mantendrá sus mismos salarios y será solamente quienes ingresen como nuevos ministros los que podrán ver reducido su salario. Seremos cuidadosos en que se respete esta disposición por parte de todos los jueces, ministros y magistrados que hayan sido instalados después de 2010, eso está claro, y hay una coincidencia que todos tenemos que respetar la ley, la Constitución”, precisó Delgado tras la reunión, acompañado del vicecoordinador Pablo Gómez.
Así, al próximo sustituto del ministro José Ramón Cossío se le aplicará un nuevo tabulador y ganará menos que López Obrador. Lo mismo pasará con los que ocupen próximamente las vacantes de Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar, José Fernando Franco y Arturo Zaldívar.
Otro acuerdo es que aplicarán una reducción de cinco mil millones de pesos en el gasto del Poder Judicial para el siguiente año (la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral tienen 77 mil 266.3 millones de pesos en 2018).
Através de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos otorgada por la Corte, en donde el punto medular es que nadie gane más que el Presidente (108 mil pesos netos mensuales).
“La Consejería, en representación del Presidente, interpuso recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada, por considerar que el Artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad, no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada”, remarcó la Presidencia.
El consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, detalló que también se argumentó en el recurso, que el ministro instructor Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión considerando que los efectos de las normas cuestionadas podrían afectar los derechos humanos de terceros; sin embargo, esa interpretación desatiende los requisitos procedimentales expresos que establece la propia ley reglamentaria.
Aclaró que la suspensión concedida se fundamentó incorrectamente en el Artículo 59 de la ley reglamentaria, que establece que, para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, en lo que no se encuentre previsto, se aplicarán las disposiciones relativas a las controversias constitucionales. No obstante, el Artículo 64 de la citada ley, sí pre-
vé la figura de la suspensión y, al respecto, dispone que no procede la misma en acciones de inconstitucionalidad.
La Presidencia recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad 105/2018 ante la Suprema Corte, en contra de la Ley de Remuneraciones, así como de la reforma al Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre.
“Con posterioridad, un grupo de senadores promovieron otra acción de inconstitucionalidad bajo el número 108/2018 contra dicha ley y reforma”, precisó.
Por su parte, la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que “sobre la Ley de Remuneraciones no comparto la decisión del ministro instructor. Ya se está impugnando la decisión”.