Limpia del Santiago, prioridad en Jalisco
La mayoría de fondos se irían a rehabilitación de plantas de tratamiento Reforzar a la Proepa con inspección y vigilancia inteligente, la estrategia
El plan de saneamiento del Río Santiago arrancaría con una bolsa de 658.5 millones de pesos estatales que se etiquetarán en el presupuesto 2019, detalló la coordinadora del Gabinete de Gestión Integral del Territorio del Gobierno estatal, Patricia Martínez Barba.
En reunión con diputados, detalló en qué se invertirán algunos de los fondos: 556 millones para infraestructura, principalmente en rehabilitar plantas de tratamiento y los colectores de la cuenca de El Ahogado. Además de la intervención en las comunidades ubicadas en la zona.
Se proyectan 51.6 millones para la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) a fin de incrementar la cifra de inspectores, vehículos y herramientas para las revisiones. Actualmente la Proepa tiene sólo 10 inspectores.
“Hay 14 millones de pesos para implementar un programa que permita disminuir el aporte de residuos y, por tanto, de contaminantes”.
También se incluyen 11 millones para crear un Registro Único de Descargas del Río Santiago, cuantificar las descargas porcícolas y reducir la contaminación. Se destinarán dos millones más al retiro de lirio del Lago de Chapala y la parte alta de la cuenca del Santiago.
Todo eso sin contar los recursos federales que, se espera, el Gobierno de la República destine para la intervención en la cuenca.
Arrendarán maquinaria para municipios
La nueva administración estatal recurrirá un esquema de arrendamiento para dotar a 120 municipios de módulos de maquinaria que se destinarán, entre otras cosas, al mantenimiento de caminos rurales. Juan Partida Morales, secretario de Hacienda estatal, detalló que con esa alternativa el Estado no invertirá en el mantenimiento de los equipos, monto corresponderá cubrir a la empresa que se contrate.
Se etiquetaron 570 millones de pesos en el proyecto de presupuesto del próximo año; la inversión se realizará durante los seis años de la administración. “Buscaríamos un proveedor que
nos dé acceso a las maquinarias y que se encargue de cubrir seguros. No se compran; no es deuda”. A los municipios se les pedirá pagar al operador y el gasto en combustible.