La patada de Andrés
Muy, muy interesante el ring de lucha libre que se está montando entre López Obrador y los integrantes del Poder Judicial. Más allá del discurso demagógico del ahora Presidente con el tema de bajarle los sueldos a todos los funcionarios públicos, ha sido muy elocuente la reacción de jueces y magistrados. Se han sentido tocados.
La parte de los salarios es apenas la parte visible de toda la intención de que exista una mayor participación pública y social en el quehacer del Poder Ju- dicial. Están las iniciativas de una rotación constante de los cargos en los distintos tribunales, la instalación de los controles de confianza de todos los integrantes del Poder Judicial y que sea el Senado, y no los propios jueces y magistrados, quien designe a los Consejeros de la Judicatura, que en teoría son quienes supervisan y sancionan el quehacer de ellos mismos.
Reacciones públicas de jueces como convocar simultáneamente a conferencias de prensa en todo el país, hasta acciones encubiertas en caso de ser cierto lo que señala el senador morenista Monreal en el sentido de que fueron integrantes de los distintos tribunales quienes asesoraron a los senadores de oposición que interpusieron el recurso que hoy tiene frenada la disminución de los salarios de jueces y magistrados, hablan ya de un enfrentamiento abierto con el Presidente López Obrador.
Y es que el Poder Judicial, responsable de la impartición de justicia, es a todas luces una zona muy oscura de la que como ciudadanos muy poco sabemos. Hay escasa rendición de cuentas y una gran opacidad. Es un misterio cómo intervienen diversos intereses políticos y económicos en la designación de los distintos procesos, por lo que existe una enorme sospecha de que hay veredictos y sentencias a modo, o que los distintos tribunales son fácilmente corruptibles.
Pero sobre todo hay un factor de realidad que es innegable: los números. Si consideramos la eficiencia de jueces y tribunales con base en sus resultados, saldrían mucho menos que reprobados. La mayoría de los estudios sobre impartición de
la justicia en México concluyen que el índice de impunidad varía entre un 85 y un 99 por ciento. En promedio sólo se castiga uno de cada 10 delitos.
Esto significa que todo ese aparto de magistrados, jueces y secretarios apenas funciona en aproximadamente uno de cada 10 casos.
Si lo viésemos en términos de eficiencia, como si fuera una empresa obligada a rendir resultados, ya los habrían corrido a todos por ineficientes.
O para ponerlo en términos más prácticos: si cada integrante del Poder Judicial recibiera sus percepciones en función de sus resultados, cada uno de ellos estaría cobrando (si bien le va) la décima parte de su sueldo actual.