La seguridad debe ser primero
Dicen los clásicos que es en los presupuestos donde se advierten las prioridades de los gobiernos y las instituciones. Por eso veremos mañana que termina el plazo para discutir el Presupuesto de Egresos para el 2019 qué tanto propone destinar para los temas de seguridad el nuevo Gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro, y qué tanto los diputados y las diputadas cumplen su obligación de que el gasto público se oriente a atender la preocupación social número uno.
Ya se supo que en los últimos días el gobernador se reunió con los coordinadores parlamentarios del Congreso local para que en el presupuesto se contemple incrementar los salarios a los servidores públicos vinculados al ámbito de seguridad pública, así como para cumplir la homologación de sueldos a policías municipales en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Hemos también escuchado voces como la de la Cámara de Comercio de Guadalajara haciendo la petición a los legisladores para que en el presupuesto del 2019 se cubran los incrementos necesarios en seguridad, prevención y procuración de justicia para que los jaliscienses podamos recuperar la paz.
Atender estas peticiones es fundamental, porque como lo hemos planteado aquí en repetidas ocasiones, no habrá estrategia que funcione en Jalisco para enfrentar la delincuencia y abatir la inseguridad y la violencia si no se termina primero con el déficit de policías municipales y estatales, y se invierte para que la Entidad deje de estar en los últimos lugares del país en número de personal dedicado a la seguridad pública.
En el último Censo de Administraciones Públicas Estatales, Jalisco es el peor Estado en la tasa de personal destinado a funciones de Seguridad Pública. Tiene 37 por cada 100 mil habitantes, mientras que Nuevo León tiene 114 o la Ciudad de México 976. En policías municipales y estatales la cosa es igual de grave. Tenemos 0.7 policías por cada 1000 habitantes, cuando el estándar mínimo nacional de la Segob dicta 1.8, o peor, si atendemos el estándar de la ONU que es de 2.8.
Esta carencia de policías patrullando las calles del Área Metropolitana de Guadalajara y en los municipios del interior del Estado, así como la falta de Ministerios Públicos que investiguen los delitos, y de jueces que resuelvan los casos, es una realidad que no pueden ignorar nuestros legisladores y que debe guiar el debate y la definición de los egresos públicos del siguiente año.
Porque es claro que las desventajas actuales de las autoridades es bien conocida por los grupos delincuenciales que han aprovechado esas debilidades para ampliar su actividad y afectar como nunca a un mayor número de ciudadanos. Saben que su despliegue delictivo tiene amplias posibilidades de resultar por los índices de impunidad casi absolutos de los que gozan.
Así, la estrategia de seguridad y su éxito o fracaso empieza en el Congreso. Les quedan aún unas horas para cumplir con su más importante encomienda.