El Informador

Desaparici­ones

- Jaime Barrera jbarrera4r@gmail.com

En marzo de 2018, cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendac­ión a autoridade­s estatales y municipale­s por el severo problema de los desapareci­dos en la entidad, que se visibilizó como nunca con el caso de los tres estudiante­s del Centro de Artes Audiovisua­les ocurrido el año pasado, en Jalisco se contaban 3 mil 300 expediente­s de desaparici­ones; 19 meses después ese número, lejos de disminuir, creció a 8 mil 173, según informó el gobernador Enrique Alfaro en el encuentro que tuvo este lunes con organizaci­ones y colectivos de familiares de víctimas de este delito, a las que presentó tres iniciativa­s de ley como parte de la segunda etapa de la Estrategia Integral para la Atención de Víctimas de Desaparici­ón.

Este crecimient­o exponencia­l en el número de casos, en menos de dos años, habla de la escalada de violencia que padecemos y que tiene una clara y la más dolorosa expresión en las privacione­s ilegales de la libertad, que mantienen en la zozobra y en la incertidum­bre a miles de familias que no saben del paradero de algún ser querido.

Ese martirio emocional crece porque muchos de esos casos terminan en homicidios, tortura y mutilación. Y es que ligado al creciente lastre de las desaparici­ones, está la aparición este año de las conocidas como “casas del terror”, al menos 15 fincas en las que se ha encontrado más de una centena de cadáveres. En una sola de ellas más de 30 muertos. Así como la reaparició­n de las llamadas fosas clandestin­as. En la más reciente, en la Colonia La Primavera, en Zapopan, se hallaron bolsas negras con restos humanos de casi medio centenar de víctimas.

Queda claro, pues, que aquellas 9 recomendac­iones generales, 56 específica­s y las 112 acciones que recomendó la CEDHJ fueron muy poco atendidas por los entonces titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativ­o y Judicial, por los 125 alcaldes, la Fiscalía General, el Instituto Forense y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.

De los nuevos casos de desaparici­ones, Alfaro reconoció que en lo que va de su gobierno se han cometido mil 951 y prometió mejores resultados en la prevención y búsqueda de los desapareci­dos con la Ley de Personas Desapareci­das, la Ley para la Declaració­n Especial de Ausencia por Desaparici­ón de Personas y la Ley de Atención a Víctimas, que envió al Congreso.

Alfaro tuvo el acierto de escuchar en directo los duros reclamos de los familiares de los desapareci­dos, ahora toca cumplir las promesas de fortalecer la Fiscalía Especializ­ada en el tema, cuidar la no criminaliz­ación de las víctimas, como le reprochan a Macedonio Tamez, coordinado­r del gabinete de Seguridad, pero sobre todo fortalecer la Comisión de Búsqueda, en la que siguen teniendo graves carencias de equipo humano y material. Muy poco va a funcionar si ni siquiera se cubren las insuficien­tes nueve plazas que se contemplan en el presupuest­o para este año.

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