Reforma Judicial impugnada
Mientras el pasado 2 de octubre en el Poder Ejecutivo estatal, en el Congreso local y en un sector del Poder Judicial, especialmente 18 magistrados, incluido su presidente Ricardo Suro, festinaban el haber logrado la revocación del acuerdo del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 9 de julio, en el que decidían interponer una controversia constitucional en contra de las reformas al Poder Judicial promulgas en septiembre pasado, un juez local presentaba en un juzgado federal la primera demanda de juicio de amparo para nulificar en su ejercicio profesional lo que dicta la nueva norma.
Dos días después, el 4 de octubre, el juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa, Civil y del Trabajo admitió la demanda y citó a audiencia constitucional el próximo 31 de octubre.
Como se veía venir por las tensiones y divisiones que provocó desde su origen esta iniciativa de Reforma al Poder Judicial, planteada por el gobernador Enrique Alfaro a inicios del año, esta impugnación puede ser la primera gota de una lluvia de amparos, ya que cancelada la posibilidad de la Controversia Constitucional como Poder Judicial, el único recurso que les queda es que de forma particular e individual acudan a la justicia federal para que las reformas no les sean aplicadas.
En ese sentido, habrá que estar atentos a quiénes son los promoventes y su número para conocer el tamaño real de las resistencias que hay dentro del Poder Judicial a la reforma y que tuvo su manifestación más álgida cuando la semana pasada siete magistradas y magistrados (Lucía Padilla Hernández, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, Arcelia García Cásares, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Luis Enrique Villanueva Gómez, Rogelio Assad Guerra y Marcelo Romero García de Quevedo) abandonaron la sesión del pleno del STJ en protesta porque no se presentó la Controversia Constitucional que ya había aprobado la mayoría de las y los magistrados, algunos de los cuales cambiaron finalmente de opinión luego de un intenso cabildeo de operadores políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Como se sabe, lo que no gusta de las reformas aprobadas es la desaparición del millonario haber de retiro y la aplicación de exámenes de control de confianza para el ingreso y permanencia de jueces y magistrados en el Poder Judicial.
Además de la vía del amparo, hay otros opositores a estos cambios que buscan gravitar en torno a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que sea a través de esa instancia que sí se logre interponer la Controversia Constitucional, como lo hicieron para combatir la reforma de la “muerte civil” para funcionarios corruptos que aprobó también el Congreso de Jalisco.
Habrá que ver, pues, en qué grado de riesgo se pone este nuevo intento de buscar limpiar un Poder Judicial reprobado por sus ineficiencias y sus altos niveles de corrupción y que, mientras no lo recuperemos, nunca podremos aspirar a salir de esta crisis de inseguridad y violencia que sufrimos.