La seguridad, “un infierno”
No se descubre el hilo negro cuando se afirma que las fuerzas de seguridad pública del Estado están infiltradas por el crimen organizado, y en algunos casos, incluso las organizaciones criminales controlan a las corporaciones policiacas. Pero que lo digan y lo confirmen los principales mandos políticos y policiacos del Estado no deja de ser un tanto sorprendente.
Lo admitió primero el gobernador Enrique Alfaro Ramírez tras el dispositivo represivo del 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, conocido como el Halconazo tapatío, cuando escuadrones de policías ministeriales detuvieron ilegalmente, torturaron y desaparecieron durante algunas horas a decenas de manifestantes y civiles.
Y lo reiteró recientemente Macedonio Tamez Guajardo al ser relevado de la Coordinación del Gabinete de Seguridad de Jalisco, el pasado miércoles 8 de julio. En declaración de profundas implicaciones, el ex encargado de seguridad del Estado dijo: “Encontramos esto hecho verdaderamente un infierno, en cuanto a contaminación y gente que no debería estar en posiciones, ha sido un verdadero reto depurar las corporaciones tanto a nivel estatal como municipal, tan cerca como la semana pasada tendría cinco alcaldes que pedían verdadero auxilio al Gobierno del Estado”.
Es una grave declaración que quedó un tanto opacada por destacar los cambios en el gabinete, pero que merece resaltarse. Explícitamente Macedonio Tamez describe como “un infierno” el estado de infiltración de las corporaciones de seguridad en Jalisco: la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y la Policía estatal. Pero además añade sobre la depuración no sólo de las corporaciones estatales, sino también las municipales y refiere que una semana antes cinco presidentes municipales clamaban por auxilio al Gobierno del Estado.
Es una denuncia gravísima que no debería quedar sólo en una declaración del ex coordinador del Gabinete de Seguridad estatal. Merece una investigación a fondo, abrir averiguaciones contra los responsables y a estos detenerlos y juzgarlos.
Insisto, no es novedad que las organizaciones dedicadas a los negocios del capitalismo ilegal infiltren las fuerzas de seguridad. De hecho, una condición para la existencia de los grandes negocios como narcotráfico, tráfico de personas, de armas y otras actividades ilegales es que tienen que contar con la protección o complicidad del poder político y de las fuerzas de seguridad.
Pero las declaraciones tanto del gobernador y especialmente las del ex coordinador del Gabinete de Seguridad estatal dejan entrever que la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas de Jalisco y en los municipios es mucho más grande de lo que se imagina.
Y las consecuencias de esta infiltración son en extremo graves, pues se puede hablar de la existencia de un narco-estado. La infiltración no sólo permite que sigan operando con impunidad los grandes negocios como el narcotráfico, sino que propician los delitos asociados a la operación de este negocio que se traducen en una violencia organizada en contra de la mayoría de la sociedad a través de las desapariciones, los asesinatos masivos o la trata de personas.
Hay al menos tres casos recientes donde se denuncia que las policías municipales operan para el crimen organizado. Las familias de Chapala que denunciaron desapariciones masivas en la ribera del lago acusaron complicidad de la Policía municipal con los grupos que desaparecen. Una denuncia semejante se ha hecho contra la Policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos (la misma que ejecutó extrajudicialmente a Giovanni López Ramírez), y esta semana familias de El Salto denunciaron que en lo que va del año registran al menos 200 desaparecidos en este municipio metropolitano. Y en algunos de los operativos de privación ilegal de la libertad, los secuestradores iban escoltados por patrullas de la Policía municipal.
Son denuncias gravísimas que merecerían investigaciones de la Fiscalía de oficio, sin necesidad de que se presenten denuncias formales.
La infiltración de las corporaciones policiacas, al más alto nivel según se desprende de las denuncias de Enrique Alfaro y Macedonio Tamez, abona a que siga la comisión de estos delitos violentos, protege las cadenas de impunidad en la que se involucran mandos y bases policiales y se convierte finalmente en una maquinaria criminal que atenta contra la seguridad de toda la sociedad.
En declaración de profundas implicaciones, el ex encargado de seguridad dijo: “Encontramos esto hecho verdaderamente un infierno”